Por: Pedro Matías
La impunidad que otorga el poder caciquil tomó carta de naturalización en el estado de Oaxaca, con Ulises Ruiz al frente, quien no ha tenido empacho en reprimir a quien ose disentir de su gobierno; sin embargo, a un año de la insurgencia social que puso en jaque a la estructura política, los principales actores advierten: “esta lucha no ha terminado”, pese a los muertos, heridos y desaparecidos que dejó el conflicto.
Las heridas siguen abiertas y será difícil que cicatricen en el corto y mediano plazos, porque no habrá “ni perdón ni olvido” por los 21 muertos, 575 detenidos y torturados, más de 300 heridos que ameritaron hospitalización y los tres desaparecidos que dejó la “represión ordenada por Ulises Ruiz Ortiz con la complicidad de Vicente Fox y Felipe Calderón”, afirma el analista político Gustavo Esteva.
Con excepción del gobernador Ulises Ruiz, quien sostiene, a través de una millonaria publicidad en los medios electrónicos, que “Oaxaca está mejor que nunca”, el magisterio, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), organizaciones civiles, académicos y artistas, sostienen que el movimiento social continúa vivo, lo que hay ahora es una “tensa calma”.
Para Gustavo Esteva los “años de corrupción feroz y autoritarismo desbordado” fueron el detonante de la crispación social que se vive en el estado y que convirtió a Oaxaca en “una olla de presión sobre fuego lento” que en cualquier momento puede estallar.
“Ulises Ruiz echó leña al fuego hasta que la presión botó la tapa el 14 de junio; la APPO aglutinó el descontento que se cocinaba dentro de la olla y lo convirtió en acción transformadora”, agrega el especialista.
Sin embargo, “la ferocidad de las fuerzas federales puso una pesada tapa sobre Oaxaca el 25 de noviembre, pero el fuego continúa. Alivian la presión pequeños agujeros abiertos por iniciativas de la gente, pero son insuficientes”, advierte.
Esteva afirma que la presión continúa acumulándose y en cualquier momento podría estallar la violencia. Sin embargo, considera que la “experiencia permitirá, quizás, dar cauce más ordenado a la presión, pero nadie puede prever lo que ocurrirá. Hay demasiadas fuerzas enfrentadas”.
Por su parte, el vocero de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Daniel Rosas Romero, sostiene que a un año del fallido intento de desalojo del 14 de junio, “quedó una herida profunda, no sólo para el magisterio, sino para el pueblo de México, por la actitud inhumana de los gobernantes; y sembró la semilla de la rebeldía”.
Agrega que aunque “en algunos casos se sembró el miedo, en la mayoría se sembró el odio, la reflexión, la crítica, la autocrítica y hoy en día, Oaxaca es otro porque no ha hecho mella el objetivo del Estado, por el contrario, despertó a un pueblo dormido, despertó a una sociedad que por décadas había sido manipulada desde el poder del Estado y desató la crisis política que se vive actualmente”.
“Lo único claro que dejó este movimiento son las componendas políticas que hacen los partidos políticos como el PRI, PAN y los arrastrados del Verde Ecologista que hicieron alianzas para mantener a un señor en la gubernatura, no deseable para su entidad, como Ulises Ruiz”, añade.
En alusión a la metáfora del académico Gustavo Esteva, el portavoz del magisterio manifiesta que, pese a que el gobierno pretendió “tapar la olla express” con la PFP no se terminó el conflicto.
Muestra de ello es el grupo de taxistas que sitió la capital, los burócratas que paralizaron el Tribunal Superior de Justicia; los policías preventivos de Oaxaca, brazo ejecutor del estado, que se amotinaron en demanda de mejoras salariales, al igual que los agentes de tránsito municipal o los empleados el gobierno que le gritaron al gobernador “Ulises, ratero, te robas mi dinero”.
Aclara que el magisterio no está muy activo porque está en una etapa de reorganización, “pero el espíritu de lucha se mantiene”.
En cuanto a su demanda central que durante un año ratificaron: la renuncia de Ulises Ruiz, sostiene que “tarde o temprano se le tiene que hacer justicia al pueblo”, pero advierte que no esperarán a que el Congreso de la Unión lo haga. “Hay muchas formas de hacerlo” renunciar, sentencia.
Hace un año, el magisterio oaxaqueño exigía al gobierno estatal 150 millones de pesos para levantar el plantón indefinido instalado en el Centró Histórico de Oaxaca y como respuesta fueron reprimidos por dos mil policías; ahora, en el 2007, el gobierno federal y estatal ofrecen a la Sección 22 del SNTE 600 millones de pesos, entregar las 188 escuelas tomadas, acelerar el proceso de ocho “presos políticos”, cancelar 8 de las 20 órdenes de aprehensión que quedan pendientes para evitar la radicalización de su plan de acciones, pero no ha sido aceptada esa propuesta.
La propuesta será sometida a una consulta a las bases este viernes 15 de junio para determinar si son “satisfactorias, mínimas, insuficientes o nulas”; y de eso dependerá si suspenden clases e inician un plantón indefinido.
El investigador de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Víctor Raúl Martínez Vásquez, por su parte, coincide en que el conflicto no ha terminado, porque “el ejercicio despótico del poder público ha venido a deteriorar la convivencia social y armonía de la ciudad, y ha generado un clima de crispación y deterioro que permite abusos contra los ciudadanos y atentados a su patrimonio arquitectónico, monumental y ecológico”.
Pago de factura
A su vez, el sociólogo investigador del Instituto de Humanidades de la UABJO, Porfirio Santibáñez Orozco, reconoce que en Oaxaca hay un “régimen herido de muerte, que está prácticamente de salida y sólo depende de la ciudadanía para empezar a echarle las últimas paletadas de tierra en las próximas elecciones a diputados locales y presidentes municipales”.
Esto significa, agrega, que el gobierno del estado le apostará a la corrupción y la división para mantenerse en el poder. “Es decir, va a corromper a algunos dirigentes para que hagan labor de división dentro de las filas de la oposición y eso implica un riesgo bastante fuerte.”
Afirma que las elecciones del 5 de agosto y 7 de octubre serán “un juicio ciudadano, un referéndum y un avalúo” sobre los resultados que ha obtenido la administración de Ulises Ruiz Ortiz en estos años de “desgobierno”.
En ese sentido, el Espacio de Organismos Civiles integrado por 43 agrupaciones hace un llamado a la ciudadanía a participar en el próximo proceso electoral como una vía pacífica para el cambio que requiere el estado de Oaxaca y a ejercer un “voto de castigo” al PRI y al PAN por su “complicidad” en la represión contra el movimiento social.
La coordinadora de Iniciativa de Desarrollo para la Mujer Oaxaqueña (IDEMO), María Eugenia Mata, destaca que pese a que el Instituto Estatal Electoral ha demostrado su “total sometimiento” al Poder Ejecutivo y con ello el descrédito ciudadano, aunado a la crisis de los partidos políticos; la escasez de la democracia representativa; la pobre oferta política y nula credibilidad de los candidatos, es determinante que el proceso electoral se convierta en una posibilidad para reiterar que “no deseamos más tener este tipo de gobiernos autoritarios”.
Foto: octavio gómez
