Un año después del fallido desalojo de un plantón de los profesores en Oaxaca, sur de México, cerca de un millar de personas se concentraron contra "los asesinatos y detenciones" de sus compañeros, dijo el portavoz de los docentes, Daniel Rosas.
Castigo a los "represores"
La grave crisis social oaxaqueña dejó al menos una veintena de muertes en ese estado mexicano, hechos por los cuales ninguna persona ha sido procesada hasta ahora.
La jornada de hoy "no es ninguna celebración, es una exigencia a nuestras demandas de justicia": "Queremos que se castigue a todos aquellos que cometieron represión en contra nuestra desde mayo del 2006", dijo Rosas.
Más de un millar de personas se concentraron esta mañana en las inmediaciones del aeropuerto de Oaxaca y desde allí emprendieron una marcha, uno de los primeros actos de la jornada de protesta.
"Fuera Ulises Ruiz"
El grupo gritó consignas como "Fuera Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca" y "¡14 de junio ni perdón ni olvido", entre otras.
De madrugada las personas que protestaban lanzaron cohetes para recordar que hace un año estalló, tras varios días de protestas pacíficas, la violencia en Oaxaca que degeneraría en una grave crisis social.
Precisamente el 14 de junio de 2006 unos setecientos policías estatales enviados por el gobernador Ulises Ruiz intentaron desalojar con gases lacrimógenos y un gran despliegue a miles de profesores que se encontraban en el Zócalo de esta ciudad exigiendo mejoras salariales.
Y la APPO nació…
Después de unas seis horas de enfrentamiento entre policías y profesores, los primeros se tuvieron que replegar y la plaza fue ocupada nuevamente por los educadores, que junto a simpatizantes suyos siguieron un plantón indefinido.
A partir de aquel día la exigencia del movimiento varió y pasó a exigir ante instancias federales la renuncia del gobernador Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La entrada de la PFP
El movimiento civil se expandió y además de maestros cristalizó en la llamada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), una heterogénea plataforma que tuvo entre sus más prominentes líderes a Flavio Sosa, hoy encarcelado.
La APPO ocupó desde el 17 de junio el zócalo de esta ciudad, hasta el 2 de noviembre pasado el Zócalo de Oaxaca, cuando fue recuperado por miles de agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP).
La PFP logró desactivar el movimiento de la APPO el 25 de noviembre, cuando fueron detenidas decenas de personas a quienes se les acusó de diversos delitos, entre ellos la quema de diversos edificios públicos y automóviles.
La primera concentración de hoy, que se realizó unas siete millas al sur de Oaxaca, se encaminó hacia el centro de la ciudad, donde celebraron un mitin.
Focos rojos guerrilleros
Esta misma tarde se instalaron ocho barricadas en los puntos donde fallecieron integrantes de la APPO durante el conflicto.
Pero un año después de la crisis, el periodista Diego Osorno alertó que la tensión continúa y podría ser aprovechada por grupos guerrilleros para un levantamiento armado.
"No hay elementos para decir que viene una nueva movilización en el corto plazo, pero es cierto que en Oaxaca los grupos guerrilleros están trabajando para hacer algo más que una simple insurrección", afirmó el reportero.
Osorno presenta en estos días su libro Oaxaca sitiada. La primera insurrección del siglo XXI, en el que reúne la información que recopiló durante la cobertura que hizo del conflicto para el diario nacional Milenio.
Campaña de reclutamiento
Según el periodista, durante la crisis social que paralizó buena parte de la actividad pública y privada de la capital oaxaqueña, las guerrillas de ese estado del sur de México llevaron a cabo "una campaña de reclutamiento sin precedentes".
Además, dijo, estos grupos "estuvieron participando en el conflicto de una forma marginal", apoyando a los maestros y los sectores sociales que sitiaron con barricadas la ciudad para exigir la renuncia del gobernador del estado, Ulises Ruiz.
De acuerdo a información de la fiscalía estatal durante los seis meses del conflicto se registraron 12 personas muertas, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contabiliza al menos 20 muertes.
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