Huele a violencia electoral

José Gil Olmos

El ataque armado a la caravana de observadores de derechos humanos en San Juan Copala prendió en Oaxaca los focos de alerta. Ahora se recuerda que Ulises Ruiz es el gobernador más violento y represor del país –a su régimen se le adjudican al menos 62 muertos y una decena de desaparecidos–, que practica el espionaje y que organiza “escuadrones de la muerte” para eliminar a sus adversarios. El riesgo es que se desencadene la violencia durante el proceso electoral, ante la indiferencia, hasta ahora, del gobierno federal.



Como ningún otro gobernador en funciones del país, Ulises Ruiz Ortiz se ha caracterizado por el uso de la fuerza y la violencia, pues grupos de derechos humanos nacionales y extranjeros atribuyen a su régimen una lista de 62 muertos, más de 500 detenidos y una decena de desaparecidos, todos por razones políticas, lo que lo identifica como represor social.

Tildado por algunos de sus propios compañeros de partido como “autoritario”, “tirano” y “represor”, Ulises Ruiz ha recurrido a la fuerza para imponerse, e incluso ha creado grupos armados paramilitares o parapoliciacos que actúan en las sombras de la ilegalidad y la clandestinidad, sembrando el terror entre organizaciones sociales, indígenas y campesinos del estado.

Ahora, en medio de la contienda electoral donde se siente seguro de ganar a través de su ungido, Eviel Pérez Magaña, el gobernador oaxaqueño también es acusado de espiar a sus adversarios, y la Procuraduría General de la República (PGR) ya abrió la averiguación previa 46/UEIDAPLE/LE/7/2010 para localizar a los responsables de realizar estas acciones ilegales contra personajes como el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado Raúl Bolaños-Cacho, quien en entrevista con Proceso dice que esto enturbia las elecciones del 4 de julio y advierte que, si el gobierno federal no interviene, puede haber graves hechos de violencia durante el proceso electoral.

De la misma manera se expresa Yésica Sánchez, directora de la oficina en Oaxaca de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh), al indicar que es sumamente preocupante la emboscada a la caravana de observadores de derechos humanos en San Juan Copala, en la que murieron Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus, A.C.) y Jyri Jaakkola, observador internacional de nacionalidad finlandesa, mientras que el periodista David Cilia y los activistas Noé Bautista y Mónica Citlali Santiago resultaron heridos.

Consultada al respecto por el reportero, la defensora de derechos humanos manifiesta que este suceso “es la comprobación de la existencia de grupos paramilitares o parapoliciacos apoyados por el gobierno. Lo ocurrido en San Juan Copala marca una realidad: que en Oaxaca hay muchos conflictos que se pueden prender en cualquier momento. No quiero ser pesimista, pero veo un escenario turbulento y violento para las elecciones de julio”.



Violencia e impunidad



En vísperas de las campañas electorales para la renovación del Congreso, las presidencias municipales y la gubernatura de Oaxaca, existe preocupación en la sociedad oaxaqueña por la forma en que Ulises Ruiz calificó el ataque a la caravana de observadores pues, tras rechazar su responsabilidad, señaló que se trató de un “enfrentamiento” entre la comunidad y un grupo de “activistas” nacionales y extranjeros.

Para Flavio Sosa, integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la postura del gobernador y las acciones violentas en San Juan Copala son una muestra más de la actuación de un gobierno “perverso” y de mano dura que Ulises Ruiz ha mantenido desde el inicio de su administración.

Inclusive antes, recuerda Sosa, en una etapa anterior a su arribo al gobierno estatal, Ulises Ruiz ya daba señales de su gusto por el uso de la violencia para conseguir sus objetivos.

En agosto del 2004, en un acto de su campaña electoral, un grupo de priistas encabezados por el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano mató a palos al profesor Serafín García, quien apoyaba al candidato de la oposición Gabino Cué.

A pesar del escándalo generado por las imágenes del ataque tomadas por el fotógrafo Tomás Martínez y publicadas entonces por el diario Reforma, nunca se actuó contra Desiderio Concha, sino, al contrario, fue premiado, pues el 12 de agosto de 2009 fue declarado diputado federal electo por el Distrito 2 de Teotitlán de Flores Magón.

El día de la postulación como candidato de Desiderio Concha fue acompañado por Jorge Pineda Casimiro, alias El Diablo, quien más tarde, durante la campaña y en la referida agresión, fue fotografiado golpeando con un palo al anciano profesor, quien murió por ese acto de violencia que nunca fue castigado.

Ulises Ruiz “así ha ido. Comenzó encarcelando a opositores, haciendo obras sin consultar a la gente, y por eso estalló la rebelión en 2006. Durante todo este tiempo ha sido un gobierno que ha golpeado a la gente y que incluso ha mandado a asesinar usando la famosa Caravana de la Muerte”, asevera uno de los representantes de la APPO que fue encarcelado por órdenes de Ulises Ruiz.



“Un cacicazgo con el PRI de rehén”



Ulises Ruiz Ortiz es actualmente el gobernador que presenta los mayores índices de violencia y represión social, así como de violaciones a los derechos humanos y de asesinatos de líderes sociales.

En 2008 la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos presentó un informe sobre la situación en Chiapas, Oaxaca, y Atenco, Estado de México. Ahí, para el caso de Oaxaca, destacaba que entre junio de 2006 y abril de 2008 se documentaron 62 casos de homicidio por cuestiones políticas o sociales, entre los cuales destacaban los 26 muertos registrados durante el conflicto de la APPO.

Previamente a 2006, cuando se presentó el caso de la APPO, el gobierno de Ulises Ruiz ya tenía en su haber varios casos de líderes sociales asesinados, como el del profesor Serafín García, en Huautla de Jiménez, el 27 de julio de 2004; los de Jorge Enrique García Brenis, Marlon Roberto Miranda y Jorge Alberto Miranda, el 22 de mayo de 2005; el del líder social César Toimil, el 30 de noviembre de 2005, en la capilla de Acatlán de Pérez Figueroa. Y a esos crímenes se sumaron, en 2006, los perpetrados en contra de Neguib Tadeo Manriquez, Moisés Cruz Sánchez, Andrés Santiago Cruz, Octavio Martínez y el profesor universitario Pedro Martínez.

Considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un gobernante que ha violado las garantías individuales de los oaxaqueños, luego de que se investigó la forma como reprimió a la APPO en 2006. A Ulises Ruiz se le responsabiliza de haber marcado un alto saldo histórico de muertos, heridos, desaparecidos y reprimidos.

Raúl Bolaños-Cacho, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), con más de 40 años de militancia en el PRI, dice que, si se toma en cuenta el dictamen del máximo órgano de justicia del país, se ve con claridad lo que ha sido el gobernador Ruiz y su necesidad de que gane su candidato Eviel Pérez Magaña para protegerse del juicio de tribunales internacionales y de las investigaciones que aún no hacen las autoridades competentes.

–En un referente histórico, ¿cómo describiría al gobierno de Ulises Ruiz?

–Es un gobierno muy distanciado de la ciudadanía, que trata de perpetuarse en el poder usando todos los medios al alcance para seguir manteniendo un cacicazgo teniendo de rehén al PRI.

–Pero además pretende ganar y colocarse en el 2012…

–Bueno, trata de hacer una plataforma con el triunfo de Eviel Pérez Magaña para posicionarse y buscar la dirigencia nacional del PRI, algo que veo muy remoto porque en otros estados se ve a un priismo de vanguardia, de cara al siglo XXI, mientras que el priismo de Ulises Ruiz es retrógrada, absolutista, autoritario, que no da apertura a los cuadros internos y no acepta las opiniones contrarias. Eso es lo que ha prevalecido en estos seis años. Pero me parece que la ciudadanía oaxaqueña ha empezado a despertar y el resultado lo veremos el 4 de julio.



Escuadrones de la muerte



Durante el conflicto de la APPO, fue documentada la aparición de un grupo de sicarios dedicado a sembrar el terror entre los simpatizantes del movimiento popular que luchaba por un cambio de gobierno. A este grupo de sicarios se le conoció como la Caravana de la Muerte y se le achacó el asesinato de varios maestros y colonos, e incluso el homicidio del periodista estadunidense Brad Will.

En el informe sobre derechos humanos 2007-2009 Oaxaca, un régimen agrietado, de la agrupación civil Servicios para una Educación Alternativa (Educa), se asienta que varios funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz participaron en la organización y operación del grupo paramilitar, entre ellos la entonces procuradora Lizbeth Caña Cadeza y quienes fungieron como secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya, y como secretario de Gobierno, Jorge Franco, quien en la actualidad es diputado federal.

Flavio Sosa, por su parte, señala a otros funcionarios que participaron en estos aparatos de represión e inclusive de espionaje al servicio de Ulises Ruiz, como el secretario de Gobierno, Heliodoro Díaz Escárcega; Alejandro Barrita, quien fue director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial; Aristeo López Martínez, hoy excoordinador de Seguridad Pública, y los marinos José Manuel Vera Salinas, quien fue director general de Seguridad Pública, y Manuel Moreno Rivas, a la sazón director de la Policía Ministerial de Oaxaca.

Más aún, algunos de estos represores, ubicados en otras partes, siguen siendo severamente cuestionados por conductas parecidas, mientras que otros han sido ejecutados.

El 30 de enero de 2008, el teniente Alejandro Barrita fue abatido a tiros mientras hacía ejercicio en el parque deportivo El Tequio, por cuatro sujetos que portaban rifles de asalto AK-47 y R-15, así como pistolas de 9 milímetros. Casi un año después, el 23 de enero de 2009, otro de los personajes acusados de integrar la Caravana de la Muerte, Aristeo López Martínez, excoordinador de Seguridad Pública, también fue ejecutado de 30 balazos de armas largas cuando viajaba en su vehículo por la Calzada de la República en la capital oaxaqueña.

Curiosamente, ambos personajes también estaban involucrados en la detención y desaparición de dos cuadros políticos del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Ramírez Amaya, el 25 de mayo de 2007.

Otros dos personajes a los que se mencionó como parte del grupo paramilitar que actuó contra la APPO en 2006 son los mencionados marinos José Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas, quienes trabajaron en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) bajo las órdenes del contralmirante Wilfrido Robledo, quien se desempeñaba como director de Seguridad. Fue también titular de la Policía Federal Preventiva (PFP) y director de Seguridad Pública del Estado de México, cargo éste del que fue destituido por la represión en Atenco.

“Así ha ido Ulises Ruiz. Durante todo el tiempo ha usado la asesoría de gente proveniente de la Secretaría de Marina. Hace poco fue encontrado un equipo de espionaje en Cancún a cargo del teniente de navío Manuel Vera Salinas, quien junto con el teniente de infantería Manuel Moreno Rivas fue pieza clave en todo la estrategia de contrainsurgencia y golpeteo a los opositores”, señala Flavio Sosa.

Efectivamente, durante la rebelión de la APPO los dos tenientes tuvieron una actuación destacada en los operativos policiacos, sobre todo en los destinados a detectar acciones del grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR). De hecho, estas actividades las venían realizando desde el gobierno de José Murat.

Cuando fracasó en el desalojo de los maestros del Zócalo de la capital oaxaqueña, el 14 de junio de 2006, Ulises Ruiz Ortiz tuvo que destituir a su secretario de Gobierno, Jorge Franco, operador de los grupos de choque, y al teniente Vera Salinas. Sin embargo, ambos siguieron operando en el control de los grupos opositores al gobernador.

Después del conflicto en Oaxaca, Vera Salinas se trasladó a Quintana Roo y fue nombrado director de Tránsito de Cancún. Ahí se vio envuelto en otro escándalo.

El 17 de abril pasado, elementos del Ejército descubrieron un centro de espionaje político en los condominios de Xcaret, Cancún. En el departamento se encontraron aparatos de alta tecnología de intervención telefónica de celulares y teléfonos fijos, grabadoras, computadoras, cámaras de rayos infrarrojos y dispositivos de seguimiento para personas y autos.

Las autoridades de Quintana Roo señalaron que el centro de espionaje era operado por el teniente de navío Manuel Vera Salinas, coordinador de seguridad del municipio de Benito Juárez (Cancún), y que estaba a cargo de una persona llamada Juan Ramírez, contra quien la PGR abrió la averiguación previa PGR7QROO/CAN/193/20-II, por el delito de intervención de comunicaciones privadas.



Espionaje oaxaqueño



Desde el inicio de la administración de Ulises Ruiz, los líderes sociales y políticos del estado manifestaron su preocupación por el espionaje y el seguimiento de que eran objeto por parte del gobierno. Aunque había quejas, no se había presentado ninguna acusación hasta que en las últimas semanas se conoció de una denuncia anónima –interpuesta ante la PGR– de espionaje telefónico en Oaxaca.

El 18 de marzo pasado, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR abrió la averiguación previa 46/UEIDAPLE/LE/7/2010, y ha citado a varias personas que presuntamente son espiadas, entre ellos el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado Raúl Bolaños-Cacho.

En entrevista, el magistrado con licencia lamentó que algunas personas se estén dedicando a esos actos ilegales, pero sobre todo que lo hagan en este momento, cuando arranca el proceso electoral, y contra personas que son ajenas al gobierno y al PRI.

“Pienso que es el inicio de una guerra mediática que el gobierno de Oaxaca está aplicando como parte de la estrategia para que gane su candidato, pero debe tener cuidado porque como gobernante debe preservar la paz y garantizar la tranquilidad para las elecciones del 4 de julio.”

El magistrado sostiene que es preciso que el gobierno federal intervenga porque de las 12 elecciones que habrá este año en el país, la de Oaxaca es la más peligrosa por la violencia que se puede desatar, como la que se ha empezado a ver en el ataque a la caravana humanitaria en San Juan Copala.

“Creo – añade– que ya hay indicadores preocupantes que deben hacer voltear la mirada del gobierno federal. Los focos rojos se empiezan a encender en el estado. Nosotros apostamos a que haya saldo blanco y no se presente una violencia que oscurezca más el panorama de Oaxaca, pero la elección debe ser vista como un asunto de seguridad nacional.”

En esto coincide el integrante de la APPO Flavio Sosa, para quien el ataque a la caravana de observadores de derechos humanos y periodistas en San Juan Copala es una señal de la violencia que se puede generar durante el proceso electoral.

Sobre todo porque ya hay antecedentes de la actuación de grupos armados, quienes en fechas recientes han herido de bala a 10 niños y niñas, dice la directora de la Limedh, Yésica Macías, y porque el 7 de abril de 2008 asesinaron a Teresa Bautista Flores y a Felicitas Martínez Sánchez, locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio. Además de que en septiembre y octubre de ese año asesinaron también a otros dos habitantes del lugar, Aurelio Hernández González y Aniceto Martínez Ramírez, sin que el gobierno de Ulises Ruiz hiciera algo para detenerlos.