Miguel Ángel Granados Chapa
Sólo se sorprenderá de lo ocurrido en Oaxaca el lunes pasado quien haya caído en la trampa propagandística, onerosa e impúdica del gobernador Ulises Ruiz, cuyo simplón mensaje es que si hubo alguna vez un conflicto en su entidad, y más específicamente en la capital, ha sido superado. No es posible que tan idílico desenlace se produzca, porque la agitación social ha continuado, si bien soterrada, y menos ocurrirá ahora porque se ha iniciado de nuevo la espiral de violencia.
Es claro el origen de esa dinámica perversa. La policía estatal reprimió con exceso una manifestación de miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que con todo derecho marchaba hacia el auditorio de la Guelaguetza en el Cerro del Fortín, sede de la tradicional fiesta oaxaqueña.
Sin que constara en un pacto, extremo imposible porque la APPO no dialoga con el gobernador cuya renuncia demanda desde el año pasado, se había logrado una suerte de valor entendido en torno de esa fiesta, que en 2006 no se celebró. Esta vez los asambleístas no estorbarían los lunes del cerro, la celebración oficial de la Guelaguetza los días 23 y 30 de este mes, para no dañar la economía de la ciudad y el estado. La APPO celebraría su propia fiesta, una Guelaguetza a la que se denominó popular el lunes pasado. Quedaban de ese modo satisfechos varios intereses.
Pero Ruiz y sus agentes resolvieron impedir la celebración del festival de la APPO y cerraron el paso al Cerro del Fortín. Lo hicieron mediante la fuerza y generaron una respuesta que no se justifica, pero que claramente fue provocada por la acción oficial.
Ésta, por su parte, no se limitó a contener a los manifestantes para evitar su ingreso a una zona vedada. Revistió caracteres particularmente agresivos, explicados a gritos por algunos de los gendarmes: la violencia desplegada contra los manifestantes era el desquite por el 14 de junio.
En esa fecha del año pasado, esa misma fuerza pública fracasó en su intento de desalojar el centro histórico oaxaqueño, y esa frustración por lo visto constituyó una ofensa a las corporaciones que intervinieron en ella, que requerían una satisfacción. La obtuvieron los golpeadores que el lunes se extralimitaron en la contención de la marcha y vejaron algunos de los detenidos cortándoles el pelo por la fuerza, además de golpearlos cuando estaban ya sometidos.
Fueron detenidas 36 personas, entre ellas seis menores de edad que quedaron libres al día siguiente. Pero sólo 17 de los arrestados fueron llevados ante el Ministerio Público, por lo que la APPO teme por la integridad de los 13 que permanecieron bajo el control policiaco. Entre los detenidos se hallan miembros del Comité de Liberación 25 de Noviembre, organizado por el pintor y activista Francisco Toledo.
La fecha que da nombre a ese grupo evoca una de las causas por las que permanece vivo el movimiento surgido en mayo de 2006 y que arreció en junio siguiente.
Esa causa tiene un nombre: impunidad, indefensión social que siempre es repudiable pero que en el caso oaxaqueño es repulsiva porque no se ha castigado a quienes cometieron delitos graves y se punió, en cambio, a miembros de la asamblea que no hacían más que ejercer sus derechos y a personas ajenas al conflicto social.
Recuerden quienes manifiesten disgusto o al menos perplejidad por el reinicio de la violencia urbana en Oaxaca que al menos 20 personas murieron entre agosto y enero del año pasado, como consecuencia de la movilización popular y su represión.
La cifra no es precisa por las circunstancias en que se produjeron los homicidios, pero ninguna de las instancias investigadoras —la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, por ejemplo— la sitúa por debajo de ese número. Nadie ha sido consignado por la privación de la vida de esas 20 personas.
Hay evidencia de que algunos de esos asesinatos fueron perpetrados por agentes de la autoridad, quienes al parecer no actuaron de forma descontrolada, sino en ejecución de órdenes o lineamientos específicos, con pretensión ejemplarizante, como ha vuelto a ocurrir el lunes pasado.
En agudo contraste, tras una notoria provocación organizada por el gobierno estatal para al mismo tiempo desprestigiar la movilización popular y diezmarla, el 25 de noviembre la Policía Federal Preventiva y las corporaciones locales realizaron redadas inmisericordes que significaron la detención de más de 170 personas sólo en esa fecha y 52 más en los días y semanas siguientes.
A lo largo de los meses siguientes, la casi totalidad de esas personas ha obtenido su libertad, porque la justicia federal no encuentra causa justificada para su aprehensión y menos para su deportación a penales federales que acogieron de manera ilegal a detenidos del orden común, en una muestra más de la complicidad del gobierno federal, el de Fox y el de Calderón, con el priista Ulises Ruiz.
Ninguno de los jefes o agentes ministeriales o policiacos que practicaron esas detenciones arbitrarias han sido llevados a juicio. Al contrario, la procuradora que solicitó las órdenes de aprehensión desestimadas por los jueces de amparo, Lizbet Caña, es candidata a diputada en el proceso que concluye el próximo 5 de agosto, con el obvio propósito de dotarla de fuero que le evite responder penalmente por su proceder ilegal.
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