En sesión privada el Congreso del estado aprobó una reforma electoral con el propósito de hacer coincidir las fechas de las elecciones locales con las federales y, entre otros cambios, incluye aumentar, por esta única vez, de tres a cuatro años el periodo de los actuales legisladores y de los 152 alcaldes elegidos por el régimen de partidos políticos.
En 418 municipios se mantendrá el sistema de usos y costumbres para elegir autoridades cada año. Las próximas elecciones para el Congreso local serán en 2008 y no en 2007, como estaba previsto, informó Carlos Moreno Alcántara, coordinador de la fracción panista.
Sobre el actual gobernador, el priísta Ulises Ruiz Ortiz, cuyo periodo concluye por ley en 2010, no habrá elección para designar a su sucesor; el Congreso local nombrará un mandatario interino por dos años y en 2012 habrá elecciones locales y federales en la misma fecha.
Guillermo Zavaleta Rojas, presidente de la Comisión de Administración de Justicia, dijo que esta reforma ayudará a reducir costos de campañas, se homologarán las jornadas electorales locales con el calendario federal y se reducirán de ocho a tres los procesos electorales durante seis años de gobierno.
Con esta reforma se eliminó el Colegio Electoral en el Congreso del estado, para calificar la elección de gobernador y concejales municipales. En cambio, se otorgan plenas facultades al Instituto Estatal Electoral para calificar, declarar la validez y, en su caso, otorgar constancias de mayoría a los representantes electos. Se determinó su autonomía con patrimonio propio y personalidad jurídica.
Se decidió la mantener las atribuciones del Tribunal Estatal Electoral para conocer los recursos y medios de impugnación que antes sólo se conformaba para el proceso electoral.
Asimismo, el instituto podrá fiscalizar los recursos otorgados a los partidos políticos y contratará los servicios con medios de información. Se redujeron los tiempos para la realización de campañas. Para el caso de gobernador, el plazo quedó en 90 días, para diputados en 60 y para concejales en 30 días.
Se prevé también la prohibición para que el titular del Poder Ejecutivo estatal promueva obra social y pública 30 días antes de la jornada electoral.
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