D e la nada, una célula presuntamente del EPR apareció en las carreteras de Oaxaca para volantear propaganda en apoyo a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca y sumarse a la exigencia de destitución del gobernador Ulises Ruiz como principio del fin del conflicto magisterial que lleva más de tres meses. Esta célula salió de entre la selva con uniformes nuevos y tenis Nike, algo un poco extraño para combatientes en zonas boscosas. Pero no sólo eso. Se movieron por las carreteras de Oaxaca, según personas con conocimiento de primera mano de los hechos, en unas camionetas de lujo, proporcionadas no por la militancia guerrillera o las fundaciones europeas que apoyan a los movimientos armados en México, ni tampoco compradas con dinero de secuestros, sino por funcionarios del gobierno del mismo Ruiz.
Ulises Ruiz, el déspota gobernador de Oaxaca, está desesperado. La farsa de la irrupción guerrilla se viene a sumar a una serie de desatinos en los que ha incurrido desde que comenzó el conflicto magisterial en ese estado, por las mismas fechas que cada año, desde hace muchos, estalla. Acostumbrado a las acciones de fuerza, encontró en ellas el quiebre de su gobierno. A lo largo de todo este tiempo, ha utilizado a la policía para disparar contra quienes están en plantón permanente exigiendo su destitución, y para eliminar la voz que tenía la APPO a través del Canal 9, lo mandó balear. De paso, ordenó la destrucción de una parte del equipo de radio de la Universidad.
Pero no ha podido callar a nadie, ni acallar el conflicto.
De acuerdo con información de fuentes calificadas en Oaxaca, Jorge Franco, ex secretario general de Gobierno de Ruiz, pero que se mantiene con su incondicional brazo armado, es el responsable de las acciones contra la sociedad oaxaqueña en rebeldía, para lo cual contrató a personas con antecedentes criminales de Chiapas, Michoacán y Veracruz, así como a delincuentes que pululaban en los suburbios de la capital. Tiene una sola idea, según las fuentes consultadas, "crear un clima de terror".
No le funcionó, por cierto, y de ahí, en alguna manera, la búsqueda de nuevas amenazas para trasladar al gobierno federal la responsabilidad única en la solución del conflicto oaxaqueño. Para esto tiene el apoyo del PRI, que modificó completamente su estrategia y se lanzó a la defensa total de Ruiz, como lo subrayó la diputada Martha Hilda González, quien al hablar en nombre de su partido durante el Informe de Gobierno, exigió al gobierno foxista la solución de Oaxaca.
El PRI está elevando los costos políticos para acceder finalmente a entregar la cabeza de Ruiz, pero soslaya que su gobernador, escudero fiel de su ex candidato Roberto Madrazo, es un personaje indeseado por la mayoría de las fuerzas representativas en Oaxaca. Su administración ha sido un glosario de arbitrariedades, desde que arrancó con Franco su gobierno, y sobre el cual pesan sospechas de corrupción. No hay evidencias de ello salvo las circunstanciales, como el hecho de no haber demostrado todavía de dónde salieron los recursos para construirse, de acuerdo con las fuentes en Oaxaca, una "fortaleza" de 15 millones de pesos en el fraccionamiento San Felipe del Agua, lugar donde, por cierto, se ha refugiado casi la totalidad del gobierno de Ruiz, aunque éste anda, en realidad, a salto de mata.
Franco es el arquetipo del desaseo del gobierno de Ruiz, pero de ninguna manera una excepción. Nombres en la lista de los primeros a investigar una vez que caiga el gobernador son Mayrén Carrasco y Beatriz Rodríguez. Carrasco fue su primer secretario de Obras Públicas, dependencia que tendría un rol importante en la administración si uno se atenía a las promesas de campaña de Ruiz, como el de la solución al viejo problema del agua potable. Eso no sucedió. Pero hicieron obras suntuarias y una plaza de la Constitución que se presume tuvo un costo de 820 millones de pesos. Carrasco, en tanto, adquirió un rancho en Santo Domingo Tomaltepec.
En lugar de mejorar la infraestructura, presuntamente por petición de Rodríguez, su secretaria de Turismo remodeló el zócalo de la capital y trasladó, sin mediar autorización alguna, toda la administración estatal a los alrededores de la capital.
No hay forma de documentar el gasto público porque sistemáticamente se negó Ruiz a que se legislara una Ley de Transparencia. El gobernador Ruiz estaba tensando el tejido social oaxaqueño mucho antes de que estallara el conflicto magisterial. Principal operador de Madrazo, una de las sospechas que prevalecen es cuánto dinero del erario se destinó a la campaña del priísta, punto que niegan tajantemente autoridades oaxaqueñas y priístas pero que permanece como una incógnita y parte integral del desaseo general. Abona a los cuestionamientos que el actual presidente del PRI, Héctor Pablo Ramírez Leyva, adquiriera una propiedad en 5 millones de pesos.
Oaxaca le está costando a todos, gracias, fundamentalmente, a Ruiz. Cuando estalló el conflicto magisterial el 15 de mayo y los maestros oaxaqueños se plantaron en el zócalo, como siempre lo hacen, el gobernador mandó a Franco a negociar con ellos. ¿Qué hizo? Quiso imponer la marca de la casa y los maestros no tardaron en desconocerlo. Pidieron la interlocución con Ruiz, quien arrogante terminó en el mismo callejón sin salida. Del problema original de la rezonificación, el torpe intento de desalojo de los maestros el 14 de junio trasladó el problema al nivel del reclamo popular, al galvanizar el golpeteo que habían sufrido los diversos sectores durante las previas administraciones estatales.
El gobierno federal intentó una mediación, pero encontró que el único consenso existente en Oaxaca era contra Ruiz. Decidió no hacer nada en Oaxaca y aseguró que era un problema estatal. Absurdo también el planteamiento, pues en ese periodo se fueron sumando apoyos de fuerzas políticas y sociales al movimiento magisterial, legales y metalegales -actuando únicamente en el ámbito político hasta ahora-. Ruiz no ha dejado de ser un lastre, pero pocos creen que rodando su cabeza significará en automático la solución final del problema.
Los conocedores de Oaxaca ven, incluso, que la caída de Ruiz sería un maximato del ex gobernador José Murat. O sea, un peor escenario que el actual. A la cabeza de Ruiz se le tienen que añadir componentes adicionales que permitan restaurar la gobernabilidad y garantías de todas las partes para cumplir con lo pactado. La tarea recae en el nuevo Senado, que debe formar una comisión que vaya a Oaxaca, concluya lo irreversible -la destitución de poderes-, y se negocie el gobernador interino con todos los partidos. Esto es lo incierto. Lo cierto es que Ruiz y sus mercenarios están muertos. Sólo hay que esperar el momento para tirarlos a la basura.
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