Por: Rosalía Vergara, Pedro Matías y José Gil Olmos/Agencia Proceso
Pero apenas transcurrió el primer año de su gestión, los conflictos políticos, agrarios y sociales aumentaron. En ese período su gobierno se tiñó de sangre por la muerte de al menos 25 personas, la detención violenta de 600 ciudadanos, las heridas a otros 40, las amenazas contra 13 personas más y el exilio del profesor Raúl Gática, quien prefirió irse a Canadá para huir del acoso del mandatario.
Ni la prensa local escapó a su yugo: patrocinó el cierre del periódico Noticias. Voz e imagen de Oaxaca, crítico de su gobierno.
Amigo y operador electoral del ex candidato presidencial del PRI Roberto Madrazo, desde hace más de diez años, Ulises es calificado por sus opositores y por organizaciones sociales y de derechos humanos como un “cacique” priísta a la vieja usanza, que usa el espionaje, la amenaza y la represión para imponer su voluntad.
Víctor Raúl Martínez Vásquez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, describe el estilo del mandatario:
“Poco después de la toma de posesión, el gobernador y su secretario de Gobierno mandaron detener al dirigente del Frente Único Huautleco, Agustín Sosa. Después, Ulises pretendió encarcelar a Gabino Cué, lo que originó enormes movilizaciones en defensa del ex candidato.”
Añadió: “muchas han sido las organizaciones agraviadas por el régimen de Ulises Ruiz: el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal, siete de cuyos integrantes se encuentran presos, al igual que 69 militantes del Movimiento Ciudadano Juquileño, cinco más del Frente Popular Revolucionario y la profesora Jacqueline Hernández Almaraz, dirigente del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep)”.
En un informe reciente, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos señaló que la llegada de Ruiz al gobierno, ocurrida en medio de un gran dispositivo de seguridad y entre denuncias de fraude electoral, lo llevó a actuar “de manera autoritaria desde el inicio de su administración”.
El senador Gabino Cué aseguró que “Ulises es peor que (José) Murat. Murat es atrabancado, grosero, pero finalmente fue un poco más prudente”, afirmó en entrevista con el reportero Jenaro Villamil.
–¿Prudente a pesar del autoatentado? –se le preguntó.
–¡Imagínese! Si alguien que cometió un autoatentado es más prudente que Ulises, ya tiene la descripción de éste.
Luis Ugartechea, uno de los principales restauranteros de la ciudad, sostiene que el gobernador no ha entendido las necesidades de cambio de la sociedad oaxaqueña. “Al contrario –dijo–, decidió mantener el sistema caciquil y corporativista de siempre, y ahora tiene al estado sumido en la pobreza y en un atraso vergonzante”.
Desprecio por los símbolos oaxaqueños
Al asumir como gobernador, el 1 de diciembre de 2004, Ulises Ruiz desplegó un operativo de represión para evitar las protestas ciudadanas, aseguró la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos en su informe. Y de inmediato, dijo, cambió la forma y ubicación de los principales símbolos del pueblo oaxaqueño, para demostrar su poder.
Sin tomar en cuenta las protestas de sus gobernados, el controvertido gobernador emprendió diversas obras para modificar la fisonomía de la ciudad de Oaxaca, cuyo centro histórico es considerado por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad: cambió el trazo original de la Plaza de la Constitución y quitó de los edificios históricos la cantera verde; en su lugar mandó poner piedra basáltica, con lo que perdió sentido el nombre tradicional de “la verde Antequera” con el que popularmente se identificaba a esta ciudad.
Una fuente consultada por los reporteros asegura que el gobierno del estado invirtió 700 millones de pesos en la remodelación del Zócalo, casi el equivalente, dice, a la planta de tratamiento de aguas residuales de París.
En la remodelación de la Plaza de la Danza, por ejemplo, donde se sustituyó la cantera verde por cemento, se gastaron 6.6 millones de pesos. Y en las obras del Paseo Juárez El Llano se invirtieron, en la primera etapa, 33 millones de pesos. Ahí se le inyectó cemento a los árboles para secarlos y dejar una plancha de piedra basáltica.
El gobierno de Ulises Ruiz también decidió remodelar la Fuente de las Siete Regiones, otro símbolo de los oaxaqueños, pese a las reiteradas protestas de los ciudadanos. Y continuó con sus obras de relumbrón: abrió “vueltas inglesas” en el crucero de la Volkswagen, en el Instituto Estatal de Educación Pública y en la Escuela de Medicina.
En dos años, su gobierno no ha hecho ninguna obra social de trascendencia. Pendientes están los graves rezagos que mantienen postrada a la entidad: de sus 570 municipios, el 31 por ciento son de muy alta marginación y 48 por ciento de alta marginación; esto es, el 80 por ciento de los municipios carecen de drenaje, energía eléctrica y red de agua potable.
De acuerdo con investigaciones universitarias, Oaxaca es el segundo estado del país con el índice de desarrollo más bajo, y el que ha expulsado hacia otras entidades del país o al extranjero a más de 2 millones de indígenas.
Estadísticas de la Secretaría de Desarrollo social indican que el 73 por ciento de la población del estado vive en pobreza extrema, es decir, no puede adquirir los productos de la canasta básica porque su ingreso mensual es inferior a 2 mil pesos; el 82 por ciento de la población enfrenta la denominada “pobreza de capacidades”, mientras que el 91 por ciento carece de vivienda digna.
Ni las tradiciones se han salvado del autoritarismo de Ulises Ruiz. Uno de los mayores agravios al pueblo de Oaxaca fue el cambio de fecha para la fiesta de la Guelaguetza. Otro fue su desdén, el 18 de julio, al aniversario luctuoso de Benito Juárez. Esa vez, el mandatario prefirió realizar la Guelaguetza en lugar de rendirle tributo al Benemérito de las Américas.
El caso Noticias
Un día antes de su toma de posesión, un grupo de golpeadores ocuparon las bodegas del periódico Noticias. Voz e imagen de Oaxaca. El mandatario convalidó el agravio. Con el pretexto de que existía un conflicto laboral en el diario, Jorge Franco, quien fue secretario de Gobierno de José Murat, y el líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), David Aguilar, organizaron a ese grupo para que tomara violentamente las oficinas de Noticias, que no han desocupado desde entonces.
El caso de Noticias llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en octubre del año pasado envió al gobierno de Ulises Ruiz un documento en el que solicitaba atender el problema del periódico y proteger los derechos laborales de sus 116 trabajadores.
El investigador Martínez Vásquez señaló que el mandatario que al principio de su administración dijo que sería el “Benito Juárez del siglo XXI” enfrenta desde hace varios meses manifestaciones de inconformidad en 20 municipios tomados por la oposición, algunos de los cuales exigen su renuncia, al igual que las 300 organizaciones que conforman la APPO. (Con información de Jenaro Villamil.)
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