Los muertos de Calderón

Proceso

2006-2010: estadísticas del horror
La guerra calderonista contra el narcotráfico ha causado decenas de miles de muertes (el gobierno federal reconoce más de 28 mil y algunos conteos independientes sitúan la cifra en poco más de 25 mil), más que las habidas durante la Independencia o la invasión de Estados Unidos a México, afirman a Proceso especialistas en estadística criminal; aseguran que no hay números
absolutamente confiables al respecto y señalan además que lo que no se puede medir no se puede conocer ni combatir efectivamente...
Las decenas de miles de muertos que ha dejado la guerra emprendida por Felipe Calderón contra el narcotráfico superan el número de bajas de algunos conflictos bélicos de la historia mexicana: la Independencia, con 23 mil fallecidos; la guerra contra Estados Unidos, con la misma cantidad; la de Reforma, cuyo saldo fue de 8 mil, o la guerra sucia de los setenta que dejó 436 muertos, de acuerdo con cifras generalmente aceptadas.
Lo grave, afirman los analistas, es que cada año duplica al anterior en número de muertos de la guerra contra el narcotráfico: en 2006 había dos bajas por cada 100 mil habitantes y ahora son 8.4. Agregan que de continuar la estrategia de Calderón, al término de su sexenio serán asesinadas 14 personas por cada 100 mil habitantes. Una cifra muy alta para los estándares internacionales.
El especialista en estadística criminal Arturo Arango Durán comenta a este semanario: “La actual guerra contra el narcotráfico ha resultado sumamente letal. Su costo en víctimas ya es altísimo. Pero lo peor de todo es que es una guerra perdida de antemano, pues fortalece a la delincuencia organizada mientras más la ataca. Al reducir la oferta de droga hace que los precios suban y los cárteles obtengan mayores ganancias.
“Así, queriéndolo o no, el Estado fortalece a la delincuencia organizada y se convierte en el gran regulador del mercado de la droga. Se metió en un círculo vicioso, sin salida. Además la guerra está atizando las disputas entre un cártel y otro por el control de las plazas.
“Todo esto tiene un efecto multiplicador de la violencia y, por consiguiente, de muertes. Esto es justamente lo que hace que el número de fallecidos se duplique de un año a otro. En términos absolutos, hablando estrictamente de pérdida de vidas humanas ya estamos por encima de las provocadas por casi todas las otras guerras civiles que ha padecido México desde su Independencia.”
Analista en la misma materia, Juan Pablo Arango aclara: “Debemos tomar en cuenta que nuestras guerras civiles por lo general fueron ocasionadas por disputas ideológicas entre amplios sectores de la población; en cambio la actual es, sobre todo, el resultado de una acción emprendida por el gobierno federal para combatir a los cárteles de la droga”.
A petición de Proceso ambos peritos hacen un minucioso análisis estadístico sobre el incremento de muertes que ha provocado el actual conflicto armado, así como su comparación con las guerras del pasado en México.
Conteos diferentes
Señalan que a falta de una estadística confiable del gobierno federal (que ha dado cuenta oficialmente de más de 28 mil bajas en esta guerra), varias organizaciones ciudadanas y medios hacen sus propios conteos; para elaborar el análisis los especialistas partieron de los datos del diario Reforma: 25 mil 549 muertos de 2006 a este mes, aunque advierten que la cifra podría estar por debajo de la real.
En 2006 –cuando Calderón asumió la Presidencia–, las muertes por narcotráfico fueron 2 mil 119, cantidad que representa dos muertos por cada 100 mil habitantes. En 2007, el número subió poco: pasó a 2 mil 275, y la proporción fue de 2.1 muertos por cada 100 mil habitantes.
Pero en 2008 fueron 5 mil 207. El número aumentó más del doble respecto del año anterior. Con esto ya eran 4.8 muertos por cada 100 mil habitantes. Un año después hubo otro incremento significativo: 6 mil 587 muertos y la tasa se elevó a 6 por cada 100 mil habitantes.
Este año, a mediados de octubre ya se habían contado 9 mil 361 muertos: 8.4 por cada 100 mil habitantes.
Además, el pasado martes 26, la Secretaría de la Defensa informó que de diciembre de 2006 a agosto de 2010 la guerra contra los cárteles ha dejado 191 militares muertos.
Arturo Arango resume: “El incremento fuerte empezó a darse a partir de 2007, por lo que realmente es el año base. De entonces a la fecha el número se cuadruplicó. Por cada 100 muertos que teníamos en 2007 ahora tenemos 400. ¡Es una matazón espantosa!”.
–¿Cuáles son sus proyecciones para el último año del sexenio?
–Si las cosas siguen igual, las tendencias estadísticas nos dicen que el próximo año la cifra será de 11 muertos por cada 100 mil habitantes y para 2012 pasará a 14. El sexenio concluirá con 14 muertos por cada 100 mil habitantes. Un incremento grandísimo.
Juan Pablo Arango recalca: “Esto sólo ocurrirá si el gobierno sigue con su misma estrategia de combate, si el Ejército y las corporaciones policiacas continúan bajo la misma tónica. La tasa de muertes bajaría si se aplica, por ejemplo, una estrategia de contención o una negociación con la delincuencia organizada”.
Arturo Arango y su hijo Juan Pablo son especialistas en políticas de seguridad pública. Desde hace una década han trabajado en equipo y son coautores de varios libros sobre la materia, como Estadística policial, Cartografía delictiva e Inteligencia policial.
Ahora colaboran con un grupo de trabajo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que recopila información y realiza evaluaciones estadísticas. Han trabajado también con el Gobierno del Distrito Federal en el mismo rubro y a últimas fechas se han especializado en evaluar estadísticas sobre homicidios.
Arturo Arango fue investigador del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, que dirige el exómbudsman capitalino Luis de la Barreda. Señala: “Para tener la justa dimensión del costo humano que implica una guerra no basta contabilizar sólo a sus muertos, sino también a las llamadas víctimas secundarias, como los huérfanos, las viudas, los lesionados…”.
–¿Se puede tener una cifra aproximada del número de víctimas secundarias de esta guerra contra el narcotráfico?
–¡Claro que sí! El cálculo estadístico es de 1.4 huérfanos por cada muerto. De manera que actualmente tendremos unos 32 mil huérfanos en el país. Y en el mejor de los escenarios habrá unos tres lesionados por muerto, aquí ya estamos hablando de unos 75 mil lesionados que requieren atención médica.
–¿Y viudas?
–Pueden ser 18 mil o 20 mil… muchas de ellas son mujeres que ya no tienen ingresos y se integran al mercado laboral.
“La guerra está generando muchas presiones en el sistema de salud, de educación, laboral… su efecto multiplicador es impresionante porque provoca un conflicto adicional que el Estado es incapaz de atender.”
–¿Una guerra igual de cruenta y mortal que nuestras anteriores guerras?
–Sí, pero sólo hablando en términos absolutos en cuanto a número de muertes, a pérdida de vidas.
En ese sentido, los peritos en estadística señalan que las muertes de la lucha contra el narcotráfico son más que las 23 mil que dejó la guerra de Independencia, que duró 11 años.
También están por encima de las 2 mil 200 de la guerra de Texas, de 1835 a 1836; de las 23 mil de la invasión de Estados Unidos, que duró dos años; de las 8 mil en cuatro años de la guerra de Reforma y de las 436 de la “guerra sucia”. Ni se diga del conflicto armado en Chiapas, de 1994, que arrojó poco más de 100 muertos.
Pero están por debajo de las 63 mil que hubo en la intervención francesa en seis años o de las 90 mil de la guerra Cristera, de 1926 a 1929.
En números relativos
Sin embargo, los analistas advierten que al hacer una comparación estadística en términos relativos, la de Calderón es menos letal que la mayoría de las anteriores guerras.
“Para no ser tendenciosos debemos ajustar el número de muertes a dos variables importantes: a la población que tenía México en cada una de esas guerras civiles y al periodo de tiempo en que ocurrió cada una”, explican.
Con base en esto señalan que la guerra de Independencia tuvo 370 muertos por cada 100 mil habitantes, ya que en aquella época la población nacional apenas rebasaba los 6 millones.
La guerra de Texas provocó 28 muertes por cada 100 mil habitantes. El conflicto contra Estados Unidos arrojó 328, la guerra de Reforma 97, la intervención francesa 768, la guerra Cristera 543, mientras que la guerra sucia y el conflicto chiapaneco no alcanzan un fallecimiento por cada 100 mil habitantes.
Aclaran que actualmente hay zonas y entidades federativas –como Chihuahua– cuyo número de muertes en términos relativos es muy similar al de algunos de estos conflictos armados.
Indican que las matanzas más conocidas del pasado, como la del 2 de octubre de 1968 –cuyo cálculo de decesos oscila entre 150 y 350– o la del Jueves de Corpus, en 1971 –se calculan 60– son “eventos aislados”, por lo que fueron desechadas de sus cálculos comparativos.
–Pero la guerra contra el narco también está dejando matanzas, como la de los 72 migrantes en Tamaulipas.
–Sí. Pero a estas alturas esas 72 muertes ya no marcan ninguna diferencia en términos estadísticos. Es un porcentaje mínimo. Y no es por menospreciar ese acontecimiento– dice Arturo Arango.
Asegura que las matanzas del narcotráfico no pueden calificarse de genocidio, pues esta figura implica el exterminio del enemigo ideológico o étnico. Sin embargo, algunas organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, aseguran que ya se da un genocidio contra los jóvenes y niños de Ciudad Juárez, por lo que piden la intervención de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Agrega que el gobierno no ha podido contabilizar el saldo de muertos que va dejando la guerra contra el narco: “Hasta el momento el gobierno no tiene un mecanismo que le permita contar bien. Por ejemplo, el SNSP informa que de 2006 a la fecha se han cometido 63 mil homicidios dolosos. Pero no dice cuántos corresponden a la lucha contra el crimen organizado. Sus cifras y las del Inegi tienen diferencias hasta de 30%. Es un desbarajuste total.
“El registro de muertes tiene que empezar a levantarse desde que se llega a la escena del crimen. Inmediatamente debe resguardarse el área y levantar lo que nosotros llamamos el IPH (Informe Policial Homologable). Las cosas deben hacerse con método. Pero estos protocolos internacionales no se cumplen en México.
“Se ha llegado a casos extremos, como sucedió en Tabasco durante el gobierno de Roberto Madrazo. En ese tiempo el gobierno estatal registraba cero secuestros, pero en sus cárceles tenían el número más alto de secuestradores del país. ¿De dónde sacaban secuestradores si no tenían secuestros? Este tipo de situaciones siguen dándose.
“Por eso ante la falta de datos confiables, organizaciones de la sociedad civil y algunos medios, como los diarios Milenio y Reforma, llevan sus propios conteos. Hay programas radiales que tienen ‘ejecutómetros’ mediante los que registran diariamente el número de ejecutados.”
–¿Para qué sirve llevar un registro de muertos?
–Un problema que no se puede medir no se puede interpretar, mucho menos combatir. Es como si un médico supone que tienes fiebre sólo con verte la cara. No. Necesita un termómetro para determinar la temperatura corporal y después del diagnóstico te da la medicina. La contabilidad de las víctimas sirve para hacer un diagnóstico y tomar las medidas correctas. Los datos falsos hacen tomar medidas inadecuadas –responde Arturo Arango.
–¿Eso le está ocurriendo al gobierno en su lucha contra el narcotráfico?
–Sí. Es como si estuviera piloteando un aeroplano que vuela entre una tempestad sin instrumentos para controlarlo y sin saber hacia dónde se dirige. Completamente perdido.

Narcotráfico: Violencia aumenta al sur de México

Un sacerdote ofrece refugio a indocumentados de paso que necesitan protección policial. Aparece un cadáver con un mensaje amenazador. Aumentan las decapitaciones. La prensa local no se anima a informar sobre eso.
Este no es el norte de México, donde las bandas de narcotraficantes se pelean por controlar la zona fronteriza con Estados Unidos y resisten una ofensiva del gobierno. Es el sur, donde el cartel de los Zetas disemina calladamente el terror casi sin oposición y extiende su influencia hasta la frontera con Guatemala, e incluso del otro lado.
Igual que lo han hecho en el norte, organizaciones que dicen ser parte de los Zetas armaron redes que controlan las rutas de tránsito de drogas, indocumentados y otros artículos de contrabando, como DVDs, intimidando a la población y cometiendo macabros asesinatos como advertencia para quienes no colaboren.
Los Zetas comenzaron hace cuatro años a incursionar en el sur, la región más pobre de México. Aparecieron en Oaxaca, Chiapas y otros estados sureños, y luego en el norte de Guatemala, donde sus ataques a gente del lugar son tan comunes que el mes pasado el gobierno despachó 300 soldados para que recuperasen el control de la provincia fronteriza de Alta Verapaz.
En los pueblos del istmo de Oaxaca y en el centro de la ciudad de Oaxaca, la capital, ha habido secuestros extorsivos de personas ricas y también de vendedores callejeros o indocumentados de paso.
Se sospecha que la misma banda a la que se responsabiliza de la matanza de 72 extranjeros de paso el año pasado en Tamaulipas es la responsable de la reciente desaparición de más de 40 centroamericanos en Oaxaca. Los secuestros generaron gran interés noticioso cuando el gobierno salvadoreño los denunció. El gobierno mexicano inicialmente negó que hubiese habido secuestros.
Los centroamericanos fueron vistos por última vez el 16 de diciembre en Ixtepec, escala en el viaje que hacen miles de indocumentados que intentan llegar a Estados Unidos usando trenes de carga que van hacia el norte. Una veintena de centroamericanos, entre ellos varios hondureños, escaparon y fueron a un refugio dirigido por el reverendo Alejandro Solalinde, quien dice haber recibido información de que los secuestradores tienen vínculos con los Zetas.
La procuraduría general de México anunció este mes el arresto de tres nicaragüenses y un mexicano en relación con los secuestros, pero no dijo nada acerca de los Zetas o de los indocumentados desaparecidos.
Los mexicanos dicen que los Zetas contrataron ex soldados de las fuerzas antiinsurgentes para que entrenen reclutas. El año pasado se halló un campo de entrenamiento del lado guatemalteco de la frontera.
Alejandro Poire, vocero del gobierno mexicano en temas de seguridad, dijo que las supuestas actividades de los Zetas en el sur no son nada comparado con lo que sucede en el norte, donde abundan los tiroteos y ataques con granadas en pleno día desde que se separaron del Cartel del Golfo.
No obstante, Solalinde dice que los Zetas "son un poder de facto terrible".
"Lamentablemente, tenemos un país muy corrupto, en el que las agencias policiales son infiltradas" por elementos del bajo mundo, expresó el religioso.
Cuatro días después de denunciar el secuestro y mencionar que podría ser obra de los Zetas, el sacerdote fue visitado por un individuo que según la policía es un conocido pistolero a sueldo.
La policía vigila ahora el refugio, que cuenta con cuartos de bloques de hormigón sin terminar, en los que los indocumentados duermen sobre cartones o mantas, en medio de perros y gatos vagabundos.
"Es peligroso", dijo Solalinde. "Pero imagínese si todos callamos, si todos miramos para otro lado, si nadie hace nada. Sería terrible para México".
Los Zetas imponen un reino de terror, amenazando a la policía, a funcionarios oficiales, a periodistas y a todo aquél que se les cruce en su camino.
En noviembre, en un pintoresco acantilado desde el que hay hermosas vistas de Oaxaca, la policía encontró la cabeza decapitada de un individuo envuelta en papel de regalo. Incluía un mensaje amenazador firmado por "Z”, que aludía aparentemente a los Zetas.
En la ciudad de Juchitan desconocidos arrojaron un hombre decapitado en una carretera en noviembre y otro fue hallado descuartizado en mayo, con una nota que decía que fue asesinado por hacerse pasar por un Zeta.
"Hay lugares, cantinas, en los que venden drogas, donde se juntan los Zetas. Todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada", declaró un periodista de la zona que pidió no ser identificado por temor a represalias.
Las autoridades niegan que no estén haciendo nada. En Chiapas, estado fronterizo con Guatemala, fueron despedidos o detenidos más de 240 agentes desde el 2008, acusados de trabajar para los Zetas, según el Departamento de Seguridad Pública.
Los Zetas no tienen rivales en el sur, de acuerdo con Grupo Savant, una organización de Washington especializada en el estudio de temas de seguridad.
Mientras las otras organizaciones se pelean por mantener el control de los puertos del Pacífico y las rutas usadas por los contrabandistas en el norte, los Zetas generan cientos de millones de dólares a partir de la extorsión y el contrabando de bienes que vienen de Guatemala.
El gobierno nacional admite que los Zetas no están concentrados en una región específica, como el resto de los carteles, y aparecen en cualquier sector del país. Operan como una empresa, enviando un delegado a un sector que quieren controlar, el cual recluta gente de la zona.
Los centroamericanos que quieren llegar al norte no tienen más remedio que arriesgar sus vidas cruzando por territorios controlados por los Zetas.
En el centro de refugiados de Ixtepec, Denis Torres, un albañil hondureño de 24 años, dice que inició el recorrido a pesar de que su familia le imploró que se quedase en Tegucigalpa. Dijo que quería ir con un tío que vive en Miami, donde le prometieron un trabajo en la construcción.
"Viajas con miedo, pensando que te pueden secuestrar y torturar por el simple hecho de que buscas el sueño americano", expresó.

Detienen a grupo de delincuentes tras operativo en Tuxtepec

por Lorenzo Rafael
El secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, dio a conocer que tras un operativo que se llevó a cabo ayer en Tuxtepec, se logró detener a un grupo de delincuentes que habían levantado a Pánfilo García Bautista y Hugo García Bautista, padre e hijo que habían sido atacados en donde se encontraba la gasolinera Costa Verde en ese municipio.
Tras una hora de persecución, se logró la detención de Gonzalo García González de 18 años, Francisco Germán Vidal Avendaño de 27 años, Francisco Alpuchi Valencia de 23 años, y Sergio Dionisio Osorio de 31 años, todos originarios de Tuxtepec, así como Margarito Ruiz Carrión de 29 años, originario de Texas, Veracruz.
Este activo también logró el aseguramiento de seis vehículos, un Chevi color rojo, un Tsuru del mismo color, una camioneta tipo pick-up Dakota roja, un Cougar Mercury rojo, un pointer Sumpire plata y un Stratus color azul.
Marco Tulio, aseguró que se inició la investigación correspondiente, se presume que estas personas forman parte de un grupo de delincuencia organizada, ya que últimamente se han registrado una serie de hechos en ésta región.
Además, aseguró que por la noche, a las 20:40 horas, se recibió una llamada telefónica al servicio de emergencias, en donde se indicaba que había dos personas muertas en una camioneta negra tipo Lobo de doble cabina sobre la carretera que conduce de la Mina, hacia Tuxtepec.
Al llegar a indagar, los elementos policíacos confirmaron que se trataba de dos personas ejecutadas, las cuales presentaban características propias con el llamado tiro de gracia, lo que generó una investigación al respecto.
Se determinó que uno de los cadáveres correspondía a Renato Cruz Morales, líder en la Cuenca de la Central Campesina Cardenista, mientras que su acompañante aún se encuentra en calidad de desconocido.
Aseguró que las indagatorias se llevarán hasta las últimas consecuencias para tratar de dar con el paradero de los responsables y determinar las causas de este asesinato.
Por otra parte, Marco Tulio López Escamilla, informó que en breve dará inicio un operativo para detener vehículos que no cuenten con placas de circulación, como medida para garantizar la seguridad de los pobladores.
Explicó que en varia detenciones por diversos delitos, las unidades de motor no contaban con placas, por eso se busca tener un mecanismo de identificación para lograr mejores resultados en investigación de ilícitos.
Manifestó que las acciones se llevarán a cabo en apego a las leyes, y en caso de que los elementos de Tránsito del Estado cometan algún tipo de abuso, se podrán denunciar al servicio de denuncia anónima 089.
Se buscarán los mecanismos para que la Secretaría de Finanzas de facilidades para pagar adeudos, los cuales orillan a automovilistas a no cumplir con el emplacamiento, por eso se buscará que primero se lleven a cabo exhortos y posteriormente, se apliquen las sanciones.

Asesinan a otro dirigente más

Octavio Velez Ascencio 
El líder de la Central Campesina Cardenista (CCC), Renato Cruz Morales fue asesinado anoche con armas de fuego en la ciudad de Tuxtepec, región de la Cuenca del Papaloapan.
Cruz Morales, había participado en el 2006 en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
El secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla informó que el líder fue encontrado muerto alrededor de las 20:40 horas, al lado de una persona aún no identificada, en el interior de una camioneta Ford Lobo, color negra, en el camino local a la comunidad de La Mina.
Las dos víctimas, presentaban el tiro de gracia, señaló.
Por su participación en la APPO, Cruz Morales, fue detenido el 16 de agosto del 2006 por agentes de la entonces Policía Ministerial del Estado, en cumplimiento a la orden de aprehensión 140/2006 del juez segundo de lo penal como probable responsable de secuestro, robo calificado con violencia física y moral a las personas, daños y asociación delictuosa cometidos en agravio de Alfredo Elías Yanjo Enríquez y la sociedad.
El dirigente encabezó a un grupo de aproximadamente 80 personas que sacaron de su domicilio al ofendido para después llevarlo al parque central de la ciudad de Tuxtepec, donde lo mantuvieron atado, en represalia porque intentó con un grupo de priístas recuperar el Palacio Municipal, ocupado por la APPO en julio de ese año.
La camioneta Ford Lobo que conducía Cruz Morales, presenta varios impactos en el parabrisas así como en la portezuela del lado del conductor, pero será hasta el día de hoy cuando los agentes de la Policía traten de localizar casquillos en el lugar y ver que calibres son, por lo pronto anoche se esperaba la presencia de sus familiares para que realicen la identificación legal de los cuerpos.

La UGOCP exige todo el peso de la ley

Jazmín Gómez/Diario Desprtar de Oaxaca
Integrantes de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), de Acatlán de Pérez Figueroa, exigieron al gobierno del estado la aplicación de la ley contra de organizaciones políticas “que desestabilizan la paz y tranquilidad de las comunidades”.
La representante de la UGOCP, Karina Barón Ortiz, explicó que integrantes del CODEPA han levantado infamias en contra de su organización asegurando que el taxi de uno de sus integrantes ha sido regalo del PRI, por lo que quemaron la unidad en una de sus manifestaciones.
Las acciones de esas personas, denunció, lo único que hacen es denostar a las organizaciones que sí luchan y trabajan a favor de sus agremiados.
Asimismo, la activista calificó como delincuentes a la profesora Esther Salazar Márquez, Gustavo García y Antonio Toimil Robert, quienes han arremetido en su contra.
Agregó, además, que los inculpados actúan de forma vandálica, y hacen pensar a la sociedad que todas las organizaciones protestan de esa forma, sin actuar de forma justificada.
“Sólo cumpliendo caprichos que sólo contribuyen a disminuir la credibilidad de las verdaderas luchas sociales”.
Asimismo, solicitó la presencia del Ejército Mexicano (cosa que curiosamente ya sucedió) para que ofrezca la paz y el orden que hace falta en Acatlán de Pérez Figueroa, donde usualmente suceden “actos radicales”.

No podrá haber paz en Oaxaca, si antes no se hace justicia

Silvia Hernández S./ Para Kaos en la Red

El 1 de diciembre del 2010, Gabino Cue Monteagudo rindió protesta como nuevo gobernador del Estado, en donde teniendo cuentas pendientes en el estado poco se cree en el discurso de mandar obedeciendo ¿què Oaxaqueño (a)ha dicho que necesitamos desarrollo? Cuando esto es a costa de màs explotaciòn y pobreza, porque no dicen que el Desarrollo no es para la población Oaxaqueña, sino para las empresas que en Oaxaca se han establecido.

Hoy ¿Justicia? nos sigue quedando muy lejos la palabra para ser construida por los malos gobiernos, en este país y ni decir en este estado, vivimos una falsa realidad de lo que es Oaxaca, muy pocos quieren ver lo que ante sus ojos se muestra, se hizo la entrega a una coaliciòn de todos contra el PRI (cacicazgo montado por màs de 80 años), pero hoy el mismo gabinete que compone la supuesta coaliciòn de todos contra el PRI, incluye algunos expriistas, esto pasa en nuestra cara pero poco queremos ver. Temporalmente se ha quedado al cargo de procuradora de Justicia, María de la Luz Candelaria Chiñas misma que ha ignorado la Justicia.

No olvidar, hacer historia es un paso importante para nosotros, nosotras, ¿Qué paso en 1996 en San Agustin Loxicha? Se le habran olvidado estos presos a Gabino, le recordaremos que aun quedan presos políticos recluidos en las penitenciarias del Estado de Oaxaca, por esta represión en San Agustin Loxicha de la que él hizo parte.

Se olvida que teniendo varios meses en el zocalo de la ciudad de oaxaca, los desplazados de San Juan Copala no hayan sido llamados para atender a sus demandas, se olvida que sus situación es prioritaria y nunca se acerco al pueblo que supuestamente va a gobernar, pero si fue a las instituciones de Finaciamiento para ofertar nuestras tierras, que olvido pregutar si estan en renta si las prestan o venden.

Por si se le olvidan estas y otras cosas el 1 de diciembre de 2010, sera recordado por los y las oaxaqueñas como el dia de las protestas, la toma de protesta de Cué y las protestas en su contra, fueron ese día, no solo por la marcha convocada por los maestros de la sección 22, sino por la convocatoria alterna de marcha de la Coordinadora contra la represión y la impunidad en donde ingeniosamente se realizó un performance del boda entre Ulises Ruiz y Gabino Cué. Saliendo a la misma hora que Cué rendia protesta, la marcha partia de la fuente de las 7 regiones al zocalo, recordando !mentira, no es cierto, en Oaxaca nada esta resuelto!

Pero para los medios, la televisión, la prensa, la radio esto no existió, la realidad para ellos fue la transición democratica, del pan y circo para el pueblo y solo eso. Ésta cronica intenta decir que existió otra realidad, otra protesta donde se corearon consignas como !justicia, justicia, copala necesita!, !ni perdon ni olvido castigo a los asesinos!, !ojo por ojo diente por diente gabino, gabino la cuenta de Loxicha aun esta pendiente!, !presos politicos libertad!; sin duda esto hace evidente que en oaxaca existe dos realidades y que no puede ser obviado, que el gobierno gesta con todos sus medios de comunicacion, su pan y circo otra realidad, que no deja de existir en Oaxaca el clarmor de justicia con dignidad, pan, techo, tierra y libertad.

No se olvida ni perdonamos los más de 26 asesinatos durante el 2006, los más de 20 compañeros asesinados de san juan copala así como las familias desplazadas de sus formas originarias de vida, no perdonamos el injusto encarcelamiento de los aun presos políticos de loxicha, de Guevea de Humbold, de Paraje Yagay Tlacolula, de Xanica, de San pedro Yosotato, ahora los queremos libres.

Si no escribimos nuestra propia historia no esperemos que desde el gobierno exista alguien que lo haga por nosotros.

¿Adiós a la APPO?

Eric Joch Castillo
Era enero de 2005 y los tres indígenas, Abraham Ramirez (aún preso), Juventino y Noel Garcia (liberados), originarios de Santiago Xanica, en la Sierra Sur de Oaxaca, eran detenidos en un fuerte operativo de la Policía Estatal, culpándolos de un homicidio; mientras diversas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han mantenido la lucha por su libertad al considerarlos presos de conciencia. Este hecho marcará el inicio de un régimen que desde el 2004, meses antes de tomar posesión, asumía una absurda, torpe y cínica postura ante las organizaciones y líderes disidentes.
Hace 6 años Ulises Ruiz toma las riendas de la administración estatal, y con sus desplantes públicos va emergiendo una población llena de hartazgos y una serie de organizaciones políticas, sociales y sindicales se plantean presionar a la Sección 22 del SNTE para que se asuma en acciones contundentes contra el ulisismo amenazante y para que también sea el eje articulador de una serie de movilizaciones unitarias que pudiesen frenar la inminente política represiva que se instauraba en los albores del mencionado año 2005.
Muchos especialistas y académicos han hablado en términos cronológicos y analíticos sobre lo que paso en el 2006 en Oaxaca. Hemos conocido testimonios pero también hemos desconocido muchas historias que nos pueden hacer formular mejores interrogantes ante lo que sucedió durante 6 meses en la Ciudad Capital y en diferentes regiones. Sin embargo todavía hay organizaciones como el Frente Popular Revolucionario (FPR) y personas como Azael Santiago Chepi (Secretario General de la Sección 22) que repiten el mismo discurso de siempre, vilipendiando la imagen de un tirano que ha demostrado ser más inteligente que ellos.
Ulises deja el gobierno de Oaxaca, coberturado por las fuerzas políticas tricolores más empoderadas en el país, llevó el cinismo hasta donde ningún político ni del PRI, PAN o PRD han podido llevar todavía, se va agradecido por una Appo-membrete que durante mucho fue su sombra, pero que también fue el grupito de líderes con los que se puede negociar o el grupito de activistas a los que se les puede hostigar y no pasa nada; un grupito de “reacción momentánea ante la represión”.
Se sabe que la APPO fue un gran frente de personas y organizaciones, creado con ingenio por una gran asamblea de líderes sociales, comunitarios y políticos que, apoyados en una coyuntura política que ponía contra las cuerdas al gobierno, vieron la oportunidad histórica de generar un ambiente de crispación social para encauzar las demandas sociales y restablecer una nueva gobernabilidad, sin embargo, eso era en teoría el buen discurso de los líderes y de los organismos de la llamada “sociedad civil”, también adheridos al “frentote”. Vendría después la materialización del vanguardismo, propio de la vieja izquierda mexicana, que reduciría a esa APPO a una dirección “provisional” de especialistas en el activismo, en un circulo cerrado de líderes que buscaban objetivos concretos y particulares.
También la APPO sigue siendo el símbolo de identidad ancestral-comunitario de mucha gente inconforme que piensa que algo debe pasar para que las cosas cambien. Saben que fuera de que haya un puñado de activistas, oenenges y grupitos egocéntricos que se pelean ridículamente entre sí y a los que tampoco nadie les cree, pueden suceder cosas sin vislumbrarlas claramente, pero que tendrán que suceder.
Después de la derrota, a partir del 2007 se organizaron “asambleas” y hasta “congresos estatales” para legitimar el liderazgo de estos appos. Para eso servían los monigotes líderes de la 22, para avalar esas reuniones de activistas que dicen representar la inconformidad del pueblo de Oaxaca, como la recién Convención Estatal Democrática del FPR-Sección 22, apenas en noviembre de este año. Y es que este grupo estalinista es el grupo appo mejor organizado, el que sabe luchar por sus objetivos y que le madruga a organizaciones como el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP) y demás activistas que buscan apoyarse en la 22 y en el membrete-APPO para hacerse propaganda, pero consiguen muy poco. Para dicha convención los estalinistas le robaron el nombre a una iniciativa que en septiembre de 2009 la organización Comité de Defensa ciudadana (CODECI) dio a conocer para participar en las recientes elecciones a gobernador, hecho que fortaleció a esta última, después de la derrota del PRI y que hizo más temerario, para las elites partidistas, al líder codecista Catarino Torres Pereda, recientemente asesinado.
Las oeneges, Flavio Sosa, el FPR y demás emblemas del oportunismo y el agandalle, decidieron participar en las elecciones dentro de su propia lógica. Por otro lado, los radicalosos (también appos) decidieron no participar, usando el argumento ramplón de que todos los partidos son iguales, cosa que todos ya sabemos. Sin embargo hubo personas y organizaciones que nunca se han ufanado de ser appos o líderes de tal y decidieron participar en las elecciones mostrando compromiso y responsabilidad social. Si los movimientos sociales y activistas no han podido hacer nada que les otorgue la credibilidad suficiente para decirse miembros de la APPO, lo menos que debieron haber hecho es participar de forma seria en el proceso electoral, no para respaldar al diodorista Gabino Cue como los oportunistas, sino para lograr impedir que el PRI ganara. La derrota de Ulises se dió y fue por el voto útil de quienes sintieron la responsabilidad y sobre todo la necesidad de hacerlo.
La APPO-frente sirvió a todo tipo de oportunismo en el 2006, incluido al oportunismo gremial de los profesores de la Sección 22. La APPO-membrete sirvió para alimentar el ego de los líderes o activistas que viajaron a Europa a erigirse como emblemas y que mantienen presencia en los medios como manera de sobrevivir políticamente o que desde un supuesto exilio se dicen magonistas, como el caso del profesor Raul Gatica que siempre ah vivido del discurso zapatista sin hacer nada serio.
Se va Ulises y se va su sombra política llamada APPO. El oportunismo de los líderes nunca le afecto y tampoco le afecto el egocentrismo de los radicalosos que no generan ningún peligro. El panorama político se vuelve más complejo con la entrada del nuevo gobierno, mucha gente esta consciente de que se vienen tiempos aun más difíciles para Oaxaca, el símbolo de cambio de Gabino Cue solo es eso y si hay esperanzas también hay un hartazgo generalizado. No se irán los problemas de fondo, más bien el movimiento social tiene que cargar con los activistas y líderes en mención, pero más allá de ello tiene el reto de dejar la propaganda o pleitos vergonzosos y de comenzar a trabajar realmente desde las regiones o comunidades. Los appos tienen el reto de autolimitar su ego, que será muy difícil y es como pensar que los profesores van a dejar la simulación política. El movimiento social necesita dejar de hacer el ridículo, necesita buscar retomar de manera seria y sensata los temas de represión: Los muertos del 2006, San Juan Copala, Bety Cariño, Jyri Jaakkola, Catarino Torres, los desaparecidos políticos, los presos Loxichas, Abraham Ramirez, etc.
Muchos estamos hartos de los discursos, de la propaganda monótona, de las marchas, de los plantones y de la mediocridad de los luchadores sociales oaxaqueños, pero en este momento en el que cambiamos de patrón, es necesario admitir que todo el que busque un cambio debe comenzar a transformar sus formas de trabajar. Es urgente poner los pies sobre la tierra y darse tiempo para reflexionar ya que ahora no existirá el tirano que tiene la culpa de todo, lo único que existirá es el trabajo colectivo y la alternativa de destruir nuestras formas caducas de relacionarnos entre personas comunes. Quizás así pueda quedar de lado la APPO del membrete, del oportunismo y del egocentrismo, quizás.
A la memoria del brillante luchador índigena, Catarino Torres Pereda.

Perro come perro: taxistas queman un taxi

Luego que la UGOCEP recibiera la semana pasada en este municipio cinco nuevas concesiones de placas al sitio Terminal y que les hiciera entrega el dirigente estatal del PRI, Eviel Pérez Magaña, la Alianza de Transportistas del municipio de Acatlán, encabezados por la profesora Esther Salazar Márquez, prendieron fuego al taxi 4635 propiedad de Sergio Medina González y retuvieron a otros tres vehículos.
A las cinco de la tarde le quitaron las llantas a otro vehículo concesionado y le prendieron fuego a las llantas con los rines puestos frente a las oficinas de la UGOCEP y amenazan que si el actual gobierno no revoca dichas concesiones prenderán fuego a los otros vehículos. Así mismo, la Alianza de Transportistas del municipio de Acatlán mantiene cerradas las principales vías de acceso al municipio desde la mañana del pasado lunes.
Bueno, si el problema es con la autoridad que repartió las nuevas concesiones, pues vayan y háganles un plantó allá, en sus oficinas. No vengan y jodan a los que nada tenemos que ver con sus demandas.
Es cierto, hay un descontrol por el exceso de taxis en la región, pues son demasiados para los municipios tan pequeños que tenemos. Si las autoridades competentes, encabezadas por Eviel Pérez Magaña, han realizado una entrega desmedida de concesiones, es porque fueron sus promesas de campañas a quienes los apoyaron. Y al perder, no tuvo más remedio que entregarlas, generando una sobrepoblación de unidades y creando más problemas a la nueva autoridad estatal.
Lo que si es cierto, es que reprobamos todo éstos actos que se han venido haciendo últimamente. Ahora ya cualquiera se cree líder y puede hacer plantones, quemar coches, pintar casas, destruir todo a su paso. No señores, están mal. Ustedes no son líderes, solo son un grupo de revoltosos que quieren llamar la atención, perjudicando a terceros.
Las amas de casa, los estudiantes, las personas que tiene que trasladarse a su trabajo, los choferes de camiones de caña; ¿qué culpa tenemos de pagar el precio de su ambición? ¿Qué culpa tenemos de no podernos desplazar a nuestros destinos porque la carretera está tomada y no hay autobuses? Ninguna Si les dan o no más concesiones, ¿En qué nos beneficiamos nosotros? En nada, se benefician los dirigentes, los dueños de taxis, los supuestos líderes.
¿Los dirigentes de los taxistas que pelean? Ellos tienen más de una concesión de taxis y viven tranquilamente, jodidos sus trabajadores, sus choferes, ellos si son los perjudicados.
Y así como los taxistas; están los de la codepa quienes bloquean y hacen plantones a cada rato.
Foto y texto: http://acatlan.com.mx/

Cae “El May” en Acatlán

Por: Pedro Tamayo Rosas

Acatlán, Oaxaca.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca, lograron ejecutar una orden de aprehensión en contra de Ismael Niño Gómez “El May”, como presunto responsable del delito de lesiones en agravio de Víctor Manuel Utrera Martínez, de acuerdo al expediente girado por el juez, quien decretó la detención y traslado al penal de este individuo.
El personal operativo de la AEI, se trasladó ayer hasta Acatlán de Pérez Figueroa, para localizar a este sujeto considerado como peligroso por la manera tan sanguinaria en como lesionó con un arma de fuego a su víctima.
Todo indica que en el año 2009 le fuera girada la orden de aprehensión por herir de cinco balazos a Víctor Manuel Utrera Martínez, en este municipio que colinda con Tierra Blanca, Veracruz.
Según detalla el comunicado de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), los hechos ocurrieron el 19 de octubre del 2009, cuando el agraviado se encontraba cerca de su domicilio, ubicado sobre la calle Vicente Guerrero, sin número, de la población de Acatlán de Pérez Figueroa, a donde llegó “El May” a bordo de una camioneta, quien sin motivo alguno accionó un arma de fuego, disparando en cinco ocasiones en contra de la humanidad de Utrera Martínez.
El agraviado, tras recibir la lluvia de balas resultó herido de gravedad, presentando heridas de bala a la altura de la rótula de la pierna izquierda.
Por esta razón, denunció los hechos ante el Agente del Ministerio Público de San José Cosolapa, mismo que dio seguimiento al caso.
Fue hasta el día de ayer (lunes), cuando agentes ministeriales al realizar una inspección por Acatlán de Pérez Figueroa, fueron alertados por el agraviado, quien les informó del paradero de quien había sido su agresor hace un año, por lo que fue capturado para ser puesto a disposición del Juez Mixto de Primera Instancia.

Presenta Cué a su gabinete

Por: Jesús OLMEDO

Teniendo como sede el Museo del Palacio, el Jefe del Ejecutivo Estatal, ratificó a María Candelaria Chiñas en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), mientras propone una tercia ante los diputados del Congreso del local.

Dijo que Marco Tulio López Escamilla, estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Gerardo Cagija en la Secretaría de Finanzas, Alfredo Ahuja Pérez, Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico; Netzahualcóyotl Salvatierra, Secretaría de Infraestructuras y Reordenamiento Territorial Sustentable.

En tanto, Salomón Jara Cruz fue invitado para ocupar la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, antes Seder; Daniel Juárez, Secretaría del Trabajo; Carlos Altamirano Toledo, Secretaría de Desarrollo Social; Germán Tenorio, Secretaría de Salud; Andrés Webster Henestrosa, Secretaría de las Culturas y Arte de Oaxaca.

Alberto Vargas Varela, Secretaría de Administración; Perla Woolrich, Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; Pedro Silva, Coordinación General del Transporte (Cotran); José Luis Pinacho, Camiones y Aeropistas de Oaxaca (CAO); Jorge Carbonel, Comisión Estatal de Vivienda; Pablo Monguía, Instituto de Modernización Administrativa y Desarrollo de Tecnologías de la Información; Frida Jiménez, Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

Jaide Reyes Soto, Registro Civil; Víctor Manuel Gómez Alavés, Registro Público de la Propiedad; Luis Alfonso Silva, Dirección de Notarias; Instituto Estatal de Protección Civil (IEPC), Manuel Maza Sánchez; Comisión de Límites del Estado de Oaxaca, Odilia Torres Ávila; Procuraduría de Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables, Berta Ruth (PRODI); Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAPET), Leslie Jiménez Valencia.

Paulo César Ortiz, Fondo para el Desarrollo y las Actividades Productivas; Francisco Rosales Pacheco, Fideicomiso para el Desarrollo Logístico; Rolando García Varela, Comisión Estatal del Agua (CEA); Arturo Andrade, Administración de Obras y Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Oaxaca (ADOSAPACO); Héctor Ruiz Luna, IOCIFET; Ulises Soto, Consejo Estatal de los Sistemas Producto.

Rufino Domínguez, Instituto de Atención al Migrante; Jorge Alberto Valencia, Instituto del Patrimonio Cultural; Gloria Guadalupe Martínez López, Instituto de las Artesanías; José Francisco Félix, Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable; Anabel López Sánchez, Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO); Alberto Ortega, Comisión de Cultura Física y Deportes; Francisco Melo, Comisión Estatal de la Juventud (CEJUVE).

Carta a un tirano: Ulises Ruiz Ortiz

Ex-gobernador del estado pobre y humillado de Oaxaca.

Presente (desafortunadamente)

Ciudadano Ruiz:

Le escribo porque ya no goza de la impunidad que le daba su fuero como gobernante que usurpó el poder en 2004 (a los asesinos masivos y delincuentes electorales la ley los protege, faltaba más). Le escribo porque me es una necesidad decirle lo que muchos pensamos, pero que pocos dicen por miedo a su enfermedad de asesinar a quien dice no. Le escribo porque soy un oaxaqueño como cualquiera, un ciudadano medianamente informado de lo que sucede en mi país, en mi estado, en mi tierra del Istmo de Tehuantepec. Le escribo porque ha sido usted el más siniestro gobernante que Oaxaca ha tenido en estos últimos tiempos.

Se ha usted enriquecido a costa de las pobrezas del pueblo. Y lo ha hecho con un cinismo que es de antología. ¿Cree que los oaxaqueños somos tontos?, ¿cree que somos ingenuos?, ¿cree que nos engaña con sus mentiras televisadas?, ¿con su cinismo a nivel nacional?, ¿cree que porque lo dijo en la tele o en la radio ya es verdad? La mentira, por más cínico que sea alguien, se nota en la mirada, en la voz, en el rostro. Y usted, cuando abre la boca, sólo es para decirnos: “vean y escuchen cómo miento”.

Todos sabemos de sus buenos oficios para la alquimia electoral, y ese fue su único “mérito” para poder destrozar Oaxaca a voluntad: ser un delincuente electoral al servicio de la mafia política y la mafia criminal. ¿Qué hizo por el pueblo aparte de robarle sus votos con trampas y cinismo? Nada. Absolutamente nada.

Usted, ciudadano Ruiz, se ha enriquecido descaradamente. Usted y los suyos. Usted y sus cómplices han desfalcado al pueblo con una impunidad total. Yo no sé si el gobierno entrante quiera destapar esas porquerías y juzgarlos y sentenciarlos. No sé, porque en eso de la política nunca se sabe. No meto las manos al fuego por este gobierno entrante, pero lo único que sí sé es que ustedes se enriquecieron empobreciendo más y más a Oaxaca. ¿Los juzgarán los tribunales? No lo sé. Lo que también sé es que el pueblo ha dictado sentencia y usted permanecerá en el rincón más nefasto de la historia oaxaqueña. Sí, con todo y su sonrisa sinvergüenza.

Y lo peor. Asesinó a personas que dijeron no. Asesinó con una impunidad y un descaro que hacen hervir la sangre. Sí, ciudadano Ruiz, usted mandó asesinar. Y sé que usted puede dormir tranquilamente hoy porque su maldad no tiene límites, no siente culpa, porque usted mismo, lo sé, se engaña creyendo que usted no hizo algo malo. Pero sí hizo muchas cosas malas, perversas, propias de una persona enferma de poder y afectada en su percepción del mundo; perdió usted el norte y ya no veía las fronteras entre lo bueno y lo malo.

¿Pruebas? Lo que todo el mundo sabe. A fin de cuentas, como decía un político de su partido: se le está acusando de asesino y ratero, no de ingenuo.

Tal vez Dios lo perdone (es su oficio), pero, sépalo, el pueblo agraviado jamás lo perdonará.

Ya se va. Nos deja muerte y destrucción en nuestro siempre maltratado estado. No sé si usted fue el peor gobernante. Lo que sí afirmo es que usted fue el más perverso. Desde el primero hasta el último día. Y mientras nuestro lastimado estado tenga memoria, usted será recordado como lo que es: una miseria humana.

Irrespetuosamente,

Abraham A. Rasgado González

Cué afila el machete

Fuente: PROCESO
José Gil Olmos y Pedro Matías

En su agenda, Gabino Cué acumula ya innumerables datos sobre los agravios de su antecesor priista, Ulises Ruiz, de quien, dice, dejará la entidad hecha un desastre: una deuda de 4 mil 800 millones de pesos, homicidios de luchadores sociales, tráfico de influencias y maltrato a los periodistas que documentaron sus tropelías. En entrevista con Proceso, Cué advierte que no deben esperarse cosas espectaculares de su administración, pero aclara que actuará con mano firme y no negociará con Ruiz ningún pacto de impunidad.
En vísperas de que tome posesión como gobernador de Oaxaca, con lo que se terminará el dominio que durante 81 años ejerció el PRI en la entidad, Gabino Cué Monteagudo advierte que actuará con mano firme y adelanta que a partir del miércoles 1 de diciembre comenzará a investigar los homicidios de líderes sociales y políticos ocurridos en los últimos años, y que incluso ordenará una auditoría a la administración de su predecesor, Ulises Ruiz Ortiz.
“No habrá ningún pacto de impunidad con él”, dice Cué durante la entrevista con Proceso, realizada en su oficina. Se le nota relajado, aunque expresa su inquietud cuando habla de los asesinatos de los dirigentes Heriberto Pazos Ortiz y Catarino Torres Pereda, integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) y del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), respectivamente, ocurridos el 23 de octubre último a plena luz del día y en la vía pública. El primero fue ejecutado en Tuxtepec; el segundo, en la ciudad de Oaxaca.
“Estos asesinatos no se presentaban antes en el estado, hay que investigar (las causas)”, expresa Cué, y admite que existe inquietud entre la población al acercarse el cambio de gobierno y la salida del PRI.
Ulises Ruiz cierra su gestión con una estela de violencia. Rebeca Luna Jiménez, corresponsal de Radio Mil de la Ciudad de México, fue agredida el viernes 19 en la ciudad de Oaxaca. Dos sujetos la interceptaron cuando acudía a visitar a un familiar e intentaron subirla al vehículo en el que iban. Se lesionó un brazo y se golpeó en la cabeza durante el forcejeo. Antes de irse, sus atacantes le dijeron: “Este es un mensaje del gobernador”.
Varios sectores oaxaqueños han manifestado su inquietud por esa situación. El presidente del PRD en la LX Legislatura estatal, Wilfredo Fidel Vásquez López, asegura que los actos de intimidación son parte de “una cortina de sangre”. El propósito: desviar la atención pública sobre la corrupción del gobierno de Ruiz.
Dagoberto Carreño Gop, quien estuvo al frente de la fracción del PAN en la legislatura saliente, denunció al secretario de Finanzas de Oaxaca, Miguel Ángel Ortega Habib, por el presunto desvío de al menos 4 mil millones de pesos.
De acuerdo con el panista, el 15 de septiembre último agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron en Jalisco a Martha Ortega, hermana del funcionario, así como a su sobrino Daniel García Teruel Ortega y a Rosa Elvia Orozco Santiago, tía de la subsecretaria de Finanzas, Magnolia Cano. Se les acusó de realizar depósitos bancarios inexplicables por un monto de mil 123 millones de pesos, por lo que podría acusárseles del delito de lavado de dinero.
Las críticas al gobierno de Ulises Ruiz son generalizadas. El líder de los taxistas de Oaxaca, Teódulo Antonio García, comenta que, ante la inseguridad, sus miles de agremiados decidieron restringir sus actividades y dejar de trabajar a altas horas de la noche.
Gabino Cué insiste en que Ulises Ruiz deja un estado desastroso que hoy ocupa los primeros lugares de marginación y pobreza y los últimos en competitividad. Urge establecer la paz social y promover el desarrollo.
Durante su gestión, dice el entrevistado, Ulises manejó los recursos a su libre arbitrio, sin planeación. “Nos deja un estado donde hay mucha obra inconclusa que tendremos que revisar y concluir en su momento; nos deja un estado donde la red de carreteras está en pésimas condiciones y habrá que hacer un gran esfuerzo para rehabilitarlas y también analizar cómo se construyeron.
“Nos deja un estado donde el tejido social se resquebrajó, en el cual las últimas semanas ha habido asesinatos, como los de Catarino (Torres) y Heriberto Pazos. Ese tipo de asesinatos no ocurrían en el estado, hay que investigarlos; intentaremos cambiar esa percepción y esa imagen que hay sobre Oaxaca.”

Cuentas opacas
El pasado 15 de septiembre, agentes de la PGR realizaron un operativo en Guadalajara en el cual detuvieron a dos familiares de Miguel Ángel Ortega Habib, secretario de Finanzas de Ulises Ruiz, y a su empleada doméstica por presuntos depósitos bancarios por un total de mil 123 millones de pesos.
Ante el escándalo, Ulises Ruiz trató de deslindarse, pero su colaborador tuvo que comparecer ante el Congreso local el lunes 22. Ese día, Ortega Habib se notaba nervioso y titubeante, con frecuencia se secaba el sudor de la frente. Respondió a los legisladores que el problema de su familia y el de su jefe, Ulises Ruiz, era “un problema fiscal” que se debe aclarar.
“Quiero aprovechar para expresar en tribuna, para dejar claro, que me deslindo de tener cualquier relación con alguno de mis familiares como persona, como servidor público y deslindo al gobierno del estado”, dijo Ortega Habib.
A partir de esa fecha arreciaron los cuestionamientos a la administración de Ulises Ruiz. Y aunque el mandatario saliente asegura que dejará una deuda de mil 400 millones de pesos, los legisladores del PAN y del PRD en el Congreso de Oaxaca comentan que en realidad será de 4 mil 800 millones de pesos.
Cué asegura desconocer la situación financiera del estado porque el actual gobernador se niega a informar, a pesar de que se instaló un comité ciudadano para la entrega-recepción, en el que también participan varios colaboradores del propio Ulises Ruiz.
Hasta ahora, dice, se han realizado cuatro reuniones con él, pero no ha expuesto con claridad la situación financiera de su gestión administrativa, por lo que, insiste Cué, dedicara los primeros días de su gobierno a revisar los números.

–Se ve muy complicado, porque las cuentas son opacas –se le plantea.

–Sí, sobre todo porque hasta ahora no tenemos acceso a la información. Una cosa es la campaña publicitaria (de Ulises Ruiz), donde se dicen tantas cosas sobre los logros, pero otra diferente es saber la situación real de la administración. Eso es lo que veremos en los primeros días del gobierno y en su momento informaremos a la gente.

–¿Hay necesidad de una auditoría?

–Es lo normal. Ya recibido el gobierno, veremos dónde se tendrán que clarificar las cosas: en el área de salud, en la de obras, en las finanzas y en el área de administración.

–¿No teme que Ulises y sus colaboradores estén destruyendo las pruebas?

–Espero que no. Si lo hacen, su administración deberá tener un soporte. Deberán tener un registro de lo que ingresó a las arcas estatales. Si quieren destruir documentación, no sé hasta qué punto puedan hacerlo; todo gasto debe estar sustentado en un proceso de licitación, en un contrato; tiene que haber un cheque de salida, un destinatario. Son normas mínimas contables de una administración.
Sotero Santiago Domínguez, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN –partido que, junto con PRD, PT y Convergencia, participó en la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, que llevó a Cué a la gubernatura–, adelanta que interpondrá una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca contra Miguel Ángel Ortega Habib y el subsecretario Esdras Cruz, por los delitos de enriquecimiento ilegítimo, peculado y daño patrimonial.
La querella la respaldan alrededor de 5 mil ciudadanos y, según el expediente 291/2010/III, “el gobernador del estado de Oaxaca también está involucrado”, dice el dirigente panista.
En el documento se comenta que Daniel García Teruel, sobrino de Ortega Habib, es el principal accionista y administrador de Serviobras, S.A. de C.V. Esa empresa se encargó de la construcción de Ciudad Administrativa, una obra por la cual el gobierno de Ulises Ruiz tuvo que pedir un crédito bancario y se endeudó con mil 800 millones de pesos.
Asimismo, los demandantes aseguran que mientras Ortega Habib compró varias propiedades en Guadalajara, Jalisco, y Valle de Bravo, en el Estado de México, el subsecretario Esdras Cruz adquirió ranchos en Chiapas, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
“En virtud de que dichos funcionarios poseen y siguen poseyendo por sí o por interpósita persona inversiones, bienes inmuebles, bienes muebles valiosos y negocios cuyo valor sobrepasa sus posibilidades económicas y las de sus familiares… dan motivo para presumir la falta de probidad en su actuación.”
La situación se le complica a Ulises Ruiz, luego de que otro de sus colaboradores, el secretario de Obras Públicas, Armando González Bernabé, quien compareció también el lunes 22, admitió que durante el sexenio la dependencia que aún encabeza benefició a constructoras ligadas a Víctor Hugo Ruiz Ortiz, hermano del gobernador, y a Eviel Pérez Magaña, el candidato priista que perdió la gubernatura ante Gabino Cué.
Cuando el diputado perredista Alejandro López Jarquín preguntó a González Bernabé si las empresas Nexicho Asociados, S.A. de C.V.; Grupo Basoo Asociados, S.A. de C.V.; Grupo Empresarial Oaxes, S.A. de C.V.; PEOM Construcciones, S.A. de C.V.; Davizao Construcciones, S.A. de C.V., y Consorcio Restaurador del Patrimonio Cultural, S.A. de C.V., habían sido beneficiadas, el funcionario respondió: “Las empresas que mencionó usted sí han tenido contratos con la Secretaría de Obras Públicas”.
Otro escándalo que envuelve al saliente Ulises Ruiz es la entrega de las decenas de patentes notariales (fiats) a sus amigos como “pago por los favores recibidos” o su venta –algunas se cotizaron en más de 3 millones de pesos–. Alrededor de 40 fedatarios de Oaxaca pidieron al presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, Heriberto Castillo Villanueva, investigar el asunto.
Y adelantan que plantearán el problema a Cué para que revoque la entrega de las notarías a funcionarios, amigos y cómplices de Ulises Ruiz porque, dicen, “carecen de honorabilidad, (son de) malas costumbres; además, no cumplen con los requisitos de ley” para ejercer como notarios.
Entre los beneficiarios se menciona a José Luis Echeverría, presidente del Consejo Estatal Electoral, quien durante la pasada campaña electoral le dijo a Ulises que no se le olvidara “su pendientito”, según la grabación filtrada a medios de comunicación oaxaqueños; y los exprocuradores Lizbeth Caña Cadeza, Patricia Villanueva Abraham y Evencio Nicolás Martínez Ramírez.
A ellos se suman: el presidente del Tribunal Estatal Electoral, Porfirio Sibaja; Bernardette Lacour Rousse, directora de Catastro; Enrique Silva Fernández, hermano de la exdiputada Claudia Silva; Donovan Rito García, sobrino de Bulmaro Rito Salinas, coordinador de Coplade; Roberto Ruiz Zaragoza, director jurídico del gobierno y cuñado de Jorge Franco Vargas, exdirigente del PRI; el contador José Guzmán Santos, exdirector de Tránsito, y Enrique Espinoza Medina, amigo de la infancia del gobernador.


Compromisos reales
A unas horas de que Gabino Cué tome posesión, la mayoría de los oaxaqueños confían en que aplique la justicia contra su predecesor, algunos le piden que realice una auditoría y otros más dicen que le darán un tiempo razonable para ver si está dispuesto a terminar con la impunidad de Ulises.
“Un gobierno de alternancia genera siempre muchas expectativas. Han sido 81 años en un estado gobernado por una fuerza política y por eso se han generado expectativas que, de entrada, tiene uno que ir moderando”, comenta Cué.
Dice que él y sus colaboradores están construyendo una agenda legislativa con representantes de la sociedad civil y los diputados. Eso, dice, permitirá a su administración transitar a un régimen más democrático y atender muchas de las demandas sociales y populares para lograr mayor transparencia y austeridad; además, comenta, pugnará por el fortalecimiento de órganos autónomos, como la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Estatal Electoral.
Sin embargo, Cué advierte durante la entrevista que los oaxaqueños no deben esperar “acciones espectaculares”.
“Lo que van a ver es un gobierno responsable, que entiende que el mandato que el pueblo nos dio es en el sentido de buscar que en Oaxaca logremos la paz; que haya un proceso de reconciliación entre los oaxaqueños. Pero todo esto pasa por la justicia, no hay paz sin justicia.
“Lo que he dicho es que no vamos a ser facciosos; tampoco vamos a distraer nuestra atención en tratar de construir chivos expiatorios, y mucho menos golpes espectaculares como parte de una estrategia de legitimación. No la necesitamos, pues ganamos democráticamente.”
Lo que sí admite es que hay asuntos pendientes vinculados con el conflicto de 2006 protagonizado por los maestros de la sección 22 del SNTE y por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), sobre todo por las muertes de dirigentes sociales.

–Yo, lo que dije, es que en todos esos casos lo que vamos a hacer es una investigación profunda. Tenemos que ver en qué estado nos dejan los expedientes, las investigaciones; cuánto podemos reconstruir después del tiempo que ha pasado para llegar a los responsables materiales y, en su caso, intelectuales de esos homicidios que han agraviado mucho a Oaxaca. Pero siempre anteponiendo una actitud responsable y apegada a la legalidad.

–Pero con mano firme –se le insiste.

–Sí, claro. Vamos a actuar conforme al mandato que nos van a dar a partir del 1 de diciembre: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen; eso implica atender los temas pendientes.

–Hay una exigencia social de justicia, pero hay una inquietud de que Gabino Cué pueda pactar con Ulises Ruiz para tener unos años de gobierno terso.

–No, no se puede estar pensando en eso. He tenido cuatro encuentros con Ulises Ruiz y no tenemos nada qué negociar. Nuestra responsabilidad (la de Cué y sus colaboradores) empieza el día 1 de diciembre. Tendremos que actuar con responsabilidad.

–¿No habrá negociación ni pacto de impunidad?

–No, no. Oaxaca es un estado vivo. Nosotros vamos a gobernar para todos, no vamos a lastimar a las bases priistas. Entonces no tiene por qué preocuparnos nada, no vamos a hacer un cogobierno, no tenemos nada qué negociar. A fin de cuentas, vamos a gobernar con transparencia, con honradez, humildad y generosidad; vamos a hacer nuestro trabajo.

–Hay temor de que se repita el efecto Fox con su gobierno. Usted llega con el apoyo, con un triunfo legítimo y claro, con la confianza de la gente.

–Eso es producto de las grandes expectativas, pero Oaxaca no es el primer estado donde se da la alternancia, hay muchos estados de la República donde ya se dio esto, como Chiapas, Yucatán, Guerrero, Puebla, Sinaloa. Es normal que se generen esas expectativas. Pero cada quien debe asumir sus responsabilidades.

–¿Garantiza que no se van a arrepentir los oaxaqueños?

–… Haremos todo lo que esté en nuestras manos para sentar las bases de un Oaxaca distinto. Pero si piensan que los problemas estructurales los vamos a resolver en seis años, pues no. Nunca ofrecí eso. El estado tiene problemas que nos llevarán más años, sobre todo los relacionados con la pobreza y la marginación.

“Lo que sí sé es que muchos de los indicadores de pobreza vinculados con empleos, transparencia, competitividad, imagen y percepción, sí los cambiaremos en seis años. Vamos a avanzar para sentar las bases para un gobierno más democrático.”

¡QUE VIVA EL PUEBLO DE OAXACA!

Este 1 de diciembre de 2010 termina la larga y sangrienta noche que ha significado para Oaxaca el gobierno del asesino Ulises Ruiz Ortiz. En este sexenio han sido asesinados, torturados, desaparecidos,. encarcelados y violentados en sus derechos miles de oaxaqueños y oaxaqueñas. Solo en el año 2006 en el movimiento de la APPO Ulises Ruiz ordeno el asesinato de 26 hombres y mujeres, algunos profesores y la mayoria del pueblo como el Arq Lorenzo Sampablo que fue asesinado cuando cuidaba la radio la “la ley del pueblo” y Jose Jimenez Colmenares quien fue asesinado en una marcha de la APPO que exigia libertad para los presos politicos. Tambien han habido cientos de torturados como Emeterio Marino Cruz, perseguidos como la Dra. Bertha Muñoz y han sido asesinados periodistas como Brad Will y defensores de derechos humanos como Betty Cariño y Jyri Jaakola y en el municipio autónomo de San Juan Copala han sido asesinados por paramilitares al servicio de Ulises Ruiz mas de treinta y dos niños, mujeres y hombres indígenas triquis, ningún sicario esta en la cárcel y los responsables intelectuales se pasean por las calles y aun se burlan del pueblo por la impunidad que disfrutan. LA TOTAL IMPUNIDAD EN QUE SE ENCUENTRAN ESTOS CRIMENES QUE TODOS JUNTOS CONSTITUYEN GENOCIDIO, CRIMEN DE LESA HUAMANIDAD. El silencio de la nueva administración de Gabino Cue acerca de los crimenes de Ulises Ruiz nos produce desconfianza, pues a pesar de que esta nueva administración llego al poder por el coraje de los oaxaqueños y oaxaqueñas en contra del PRI y de Ulises Ruiz, Gabino Cue ha dicho que no tiene prisa por castigarlos, pues estos delitos prescriben hasta dentro de 3 o 5 años (Diario Noticias, 23 de Noviembre de 2010) ¿Que garantías recibió Ulises Ruiz De la nueva administración de Gabino Cue para burlarse del pueblo de Oaxaca a través de la televisión cuando asegura “nos veremos pronto”?.
Sin embargo esto no nos intimida ni nos acobarda pues el pueblo de Oaxaca ya cambio y este cambio llegara hasta donde el pueblo tenga fuerza y dignidad y no hasta donde el gobierno lo pretenda detener y restaurar el viejo régimen.
Es por esto que invitamos a todo el digno y valiente pueblo de Oaxaca a que este 1 de diciembre salgamos todos y todas a exigir justicia y castigo a Ulises Ruiz y todos los funcionarios de su gobierno responsables de la represión, además del desarme inmediato de los paramilitares que mantienen en estado de terror a la gente de San Juan Copala. Este primero de diciembre acabara la noche mas obscura y sangrienta que ha sufrido Oaxaca pero el amanecer que todos esperamos en nuestro horizonte aun falta por nacer, es necesario que el pueblo siga adelante en la lucha contra el sistema capitalista que nos oprime y explota y para construir desde abajo la libertad economica, el socialismo y la autodeterminación para todos nuestros pueblos.
MARCHA POPULAR CONTRA LA IMPUNIDAD MIERCOLES 1 DE DICIEMBRE A LAS DIEZ DE LA MAÑANA DE LA FUENTE DE LAS SIETE REGIONES AL ZOCALO.
¡NI UN DIA MAS DE IMPUNIDAD PARA LOS ASESINOS DEL PUEBLO!
¡CARCEL A ULISES RUIZ!
¡SI GABINO CUE NO TIENE PRISA, NOSOSTROS SI!
Coordinadora contra la impunidad y la represión
Asamblea Popular de los pueblos de Oaxaca

La transición de Oaxaca

José Gil Olmos/Proceso

Después de 81 años de gobierno de un solo partido, después de un gobierno encabezado por Ulises Ruiz que violentó todas las garantías individuales de los ciudadanos y que alcanzó los más altos niveles de corrupción, la llegada de Gabino Cué Monteagudo como gobernador se percibe con esperanzas, pero también con dudas razonables por los alcances que pueda tener.
Aunque Gabino Cué fue propuesto por una alianza opositora, sus antecedentes políticos están en el PRI, pues fue uno de los operadores del exgobernador Diódoro Carrasco y durante su gestión supo lo que son las lides de la negociación política como secretario de Gobierno del estado. Por ello, sabe por experiencia propia lo que significa ser priista y de las acciones que pudieran realizar para poner piedras en el camino de la transición en Oaxaca.
A unas horas del cambio de gobierno, hay un Oaxaca una gran expectación ciudadana y política por la integración del gabinete y por los primeros pasos que habrá de dar Gabino Cué al sentarse en la silla del Ejecutivo estatal.
Los más piden acciones justicieras contra Ulises Ruiz, de quien dicen resultó ser el peor gobernante de la historia de Oaxaca; otro tanto inquiere si habrá un equipo plural sin intereses de grupo o de partido, que acompañe al nuevo gobierno en la complicada etapa de transición que necesita la entidad para sacarla de los últimos lugares de desarrollo económico, político y social.
Uno de los planteamientos más recurrentes es si Gabino Cué se ocupará más de resarcir las cuentas pendientes de Ulises Ruiz y, en consecuencia, quedará atrapado en el pasado o dará mayor atención a sus propuestas de gobierno de transición para sentar las bases de un crecimiento urgente en el estado.
Aunque parezca la salida más fácil, una combinación entre ambas posiciones podría ser una política conveniente para Oaxaca, a fin de que Gabino Cue no repita la desilusión y el fracaso de los gobiernos de transición, como el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón y, al mismo tiempo, aprovechar el bono de confianza que le depositaron los oaxaqueños en las urnas y que rebasó la operación electoral que Ulises Ruiz había desplegado para hacer ganar a su candidato Eviel Pérez Magaña.
Gabino Cue llega al gobierno sin la necesidad de legitimarse, pues no hubo dudas de que su triunfo fue transparente y mayoritario, pero la exigencia social de justicia si debe ser satisfecha con algunas acciones que pongan frente a los tribunales a los responsables de las muertes, desapariciones y violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Ulises Ruiz. No se trata de una acción de venganza ni de cacería de brujas, sino simplemente actuar con justicia contra quienes hicieron del gobierno un ejercicio autoritario de poder.
Habrá que ver una mano firme de gobierno que no dude ante las presiones que seguramente habrá en los primeros meses de gobierno por parte de los priistas que, como partido político, tienen una mayoría en el Congreso del estado.
Pero también habrá que ver la presencia de las agrupaciones sociales, de la sociedad civil, que igualmente tiene el reto de presentar las denuncias que por miedo no se presentaron en el pasado cuando Ulises Ruiz usó a grupos paramilitares para sofocar la inconformidad social de 2006, agrupada en el movimiento popular de la APPO.
La justicia, pues, no es negociable. El nuevo gobierno oaxaqueño tiene el desafío de responder a la legítima demanda de justicia de una sociedad lastimada por un grupo de poder que se cebó con la sangre y que actúo sin límites ni medida por mucho tiempo.
El otro gran reto es la integración de su gabinete y el plan de gobierno para el próximo sexenio. Ambas cosas van unidas y el desafío que se tiene es no caer en la cesión de cuotas de poder ni de ambiciones personales.
De profunda tradición priista en Oaxaca, la clase política ha respondido siempre a los intereses personales y de grupo. Por eso cada vez que entra un gobernador los integrantes de su equipo de gobierno crean una red de intereses y complicidades que, al final de la administración, son hereditarios. Por eso ahora Gabino Cue tiene ante si un enjambre de grupos de poder de los últimos gobiernos priistas que actuaron en contra de Ulises Ruiz y que le están exigiendo sus respectivas cuotas.
La reciente conformación de comisiones del Congreso del estado, en la que el PRI se quedó a cargo de la Comisión de Gobernación, generó inquietudes, pues se interpretó como una primera concesión a éste partido a cambio de conseguir el mejor presupuesto en las negociaciones recientes de la ley de Ingresos y Egresos de la federación.
Con todas estas dudas de presuntas negociaciones políticas con el PRI y hasta con Ulises Ruiz para evitar un inicio complicado es que Gabino Cué arranca su gobierno de transición en Oaxaca, un gobierno que habrá de dar muestras inmediatas de confianza a la ciudadanía para despejar los nubarrones que ya tiene encima aun antes de empezar a gobernar.

Los últimos coletazos de Ulises Ruiz

Pedro Matías | Proceso
“El que haya impunidad, lo que se permite se reproduce, y esa impunidad está disfrazada con supuestas investigaciones que no son tales”: Porfirio Santibáñez Orozco, investigador del Instituto de Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

“El dinosaurio está herido y tiene mucho miedo por todas las trampas y crímenes que cometió. Los coletazos son
peligrosos“: Wilfrido Mayrén, padre UVI.

La derrota electoral del PRI en Oaxaca no desactivó el terror que Ulises Ruiz institucionalizó como su principal instrumento de control. De hecho, legisladores, dirigentes sociales y obispos temen que el mandatario saliente quiera desestabilizar al estado para mantener impunes sus actos de represión y de presunta corrupción. Y en efecto, en el último tramo de su mandato se desató una espiral de violencia política que cobró la vida de opositores como Catarino Torres y Heriberto Pazos.

Las cifras que no aparecen en el sexto y último informe del gobernador Ulises Ruiz, el lunes 15, son los 200 asesinatos de luchadores sociales, políticos opositores y representantes indígenas: los llamados “archivos incómodos” de la administración saliente.
Entre los legajos se perderán las más de 600 detenciones, los 380 casos de tortura, las siete desapariciones forzadas, los innumerables secuestros, los asesinatos de cuatro periodistas y otros agravios que siguen impunes, pese a que están documentados de sobra por organismos civiles de derechos humanos.
También permanecen sin cumplir mil 264 medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de periodistas, activistas, sacerdotes y pueblos enteros, lo mismo que las nueve solicitudes de juicio político contra Ulises Ruiz que no prosperaron.
El mismo destino tuvieron las 40 controversias constitucionales interpuestas contra el gobernador por la destitución de funcionarios, discrepancias en la asignación de recursos públicos a los municipios y la revocación del mandato constitucional, principalmente de presidentes municipales.
Durante su campaña electoral, en 2004, Ulises Ruiz Ortiz se promovió como “el Benito Juárez del siglo XXI”, pero a decir del sociólogo Porfirio Santibáñez, como gobernador se convirtió en un “Porfirio Díaz, el dictador de ésta época”.
Un “accidente automovilístico” del precandidato Aquiles López Sosa encaminó a Ulises Ruiz a la candidatura del PRI para la gubernatura. Ya en campaña, en julio de 2004 los priistas, azuzados por el actual diputado federal Elpidio Concha Arellano, mataron a garrotazos al profesor Serafín García Contreras, quien les estorbaba un acto proselitista en Huautla de Jiménez.
“Sólo Dios quita y pone a las gobernantes”, proclamó Ruiz cuando los maestros y la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) exigían su renuncia en 2006. Sin embargo, esa seguridad no provenía de su mística, sino del poder de su partido, el PRI, en el Congreso de la Unión: nunca se le fincó juicio político pese a que con sus actos de gobierno y la represión sistemática como respuesta a toda protesta enconó al estado.
Ni marchas ni plantones
Apegado a su anuncio de campaña: “Ni marchas ni plantones”, en su primer año de gobierno Ruiz Ortiz se dedicó a reprimir a organizaciones civiles y encarcelar a sus líderes, a perseguir a sus opositores.
El investigador del Instituto de Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Porfirio Santibáñez Orozco, afirma que los dos sexenios más trágicos de esta época han sido el de José Murat (1998-2004) y el de Ulises Ruiz (2004-2010).
El de Murat inició con atentados contra el entonces senador perredista Héctor Sánchez López y el activista Heriberto Pazos, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en 1999, para culminar con un presunto autoatentado y que Santibáñez califica de “un atentado, pero contra el sentido común”.
Pero Ulises Ruiz de plano “no tiene límites -continúa el investigador- porque desde antes de iniciar su mandato ya viene manchado de sangre con la muerte a palos del maestro Serafín García Contreras. Lo más grotesco fue que premió a los autores materiales e intelectuales con una diputación federal, como es el caso de Elpidio Concha, y a los otros los hizo candidatos”, precisó.
A su parecer, la violencia está muy dirigida y tiene como propósito atemorizar. Además de los líderes políticos y campesinos asesinados, en otros casos, como el de los jefes policiacos Alejandro Barrita y Aristeo López, o el de los porros Rubén Marmolejo El Dragón y José María González Porras, “es clarísimo que el móvil es que no se sepan algunos pormenores de cómo se instrumentó la represión en 2006, quién tomó las decisiones y todos los detalles de la parte oscura del lado gubernamental, que fue cruenta e inútil porque no resolvió nada”.
De Juárez a Díaz
Por si hicieran falta ejemplos, menciona a los activistas sociales Ramiro Aragón, asilado en Estados Unidos, y Raúl Gatica, que se encuentra en Canadá; así como al exlíder magisterial Enrique Rueda Pacheco, aunque él está fuera para protegerlo de quienes fueron sus compañeros, como premio por los buenos oficios que le hizo al gobernador durante el conflicto con la APPO.
Recuerda el acoso a las defensoras de los derechos humanos Yésica Sánchez Maya y Aline Castellanos Jurado, igual que a integrantes y simpatizantes de la APPO como la doctora Berta Muñoz, la maestra Carmen López Vásquez, Alejandro Cruz, Jacqueline Hernández Almazán y Germán Mendoza Nube.
A juicio de Santibáñez, la represión generalizada “funcionó en las etapas más autoritarias del régimen priista, y aquí en Oaxaca, uno de los últimos reductos del Jurásico, de la tiranía, es emblemática”.
Durante el conflicto de 2006 la policía oaxaqueña detuvo a 502 personas y las sometió a toda clase de tortura. Pero la tónica de la administración la dan alrededor de 200 asesinados, entre los que destacan César Toimil, líder del Consejo Regional Obrero Campesino Urbano de Tuxtepec; la candidata del PRD a la presidencia municipal de San José Estancia Grande, Guadalupe Ávila Salinas; el líder perredista en Ejutla, Félix Cruz Barrita; y la exdirigente del mismo partido, Beatriz López Leyva.
También se recuerdan por su impacto social las ejecuciones de Margarito Montes Parra, líder nacional de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), el líder natural triqui Timoteo Alejandro Ramírez; el líder del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), Catarino Torres Pereda; y el reciente asesinato del máximo dirigente del MULT y del Partido Unidad Popular, Heriberto Pazos Ortiz.
Ensangrentado llegó…
Para el apoderado legal de la arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, el padre UVI “aquellos que llegaron ensangrentados, se van ensangrentados y llevarán siempre el oprobio del crimen y del asesinato en las manos, en el corazón y en la frente”.
Otro prelado, el obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, manifiesta que la administración saliente, “una vez que perdió la elección, dejó de gobernar y ahora no hay leyes, no hay instituciones, no hay orden, desapareció la autoridad; ahora brotan por donde quiera en Oaxaca terribles problemas sociales y hay que dar la cara”. Coincide con Mayrén: “Lo triste es que llegan manchados de sangre y falta un mes; todavía pueden hacer muchas cosas. No se vale que le pase esto a Oaxaca”.
Flavio Sosa Villavicencio, que asume el lunes 15 como diputado local del Partido del Trabajo y fue uno de los dirigentes de la APPO durante el conflicto de 2006, acusa a Ulises Ruiz de diseñar una política de terrorismo de Estado.
Su propósito “era sembrar miedo en la lógica de Maquiavelo: si no te aman, que te teman”.
Antes “se decía que eran expertos en defraudación electoral, pero fueron derrotados en 2010. Lo que no hemos podido derrotar es su política de terror. Tal vez en 2006 se logró derrotar el terror con la movilización popular, aunque se mantuvieron a sangre y fuego. Ahora sólo esperamos que ya se vayan de Oaxaca porque esto es como una pesadilla”.
Los presuntos fraudes de Ortega Habib
Otra hipótesis es que “con los asesinatos de Catarino y Heriberto pretende tender una cortina de humo para desviar la atención del caso Miguel Ángel Ortega Habib (su secretario de Finanzas, envuelto en un escándalo de corrupción) y ocultar el millonario desvío de recursos a través del lavado de dinero”.
Y es que, afirma Sosa, “este sexenio fue la corrupción y la impunidad, con los negocios de las constructoras, las compras de terrenos en Huatulco, en Puerto Escondido, con sospechosos proyectos como Punta Colorada y El Secreto del Puerto, sus departamentos en Miami y España…”. Agrega que el 80% de las carreteras estatales están destrozadas y los ayuntamientos están en bancarrota.
“En Oaxaca se experimentaron en este sexenio todos los modelos de combate a las oposiciones, que van desde la cooptación hasta las brigadas paramilitares, la desaparición política y la tortura, es decir, los mecanismos ensayados en la década de la guerra sucia se aplicaron durante 2006″. Para el petista, si no hay una verdadera transición democrática, lo que sigue en Oaxaca es la lucha armada.
Pero no todas las críticas provienen de las organizaciones civiles ni de los partidos rivales. Priistas identificados con el exgobernador José Murat se declararon “hartos de la corrupción, de las imposiciones y de la burbuja que secuestró al PRI” e iniciaron un procedimiento para defenestrar a su dirigente estatal y operador de Ulises Ruiz, Eviel Pérez Magaña.
Los exdiputados locales Arquímedes García Caballero y Reyna Vega, así como el exdirector de protección civil en la capital del estado, Abraham Arrazola, se refirieron así al gobernador y a su grupo cercano: el diputado federal Héctor Pablo Ramírez Leyva, el exsecretario general de Gobierno Jorge Toledo Luis, el coordinador de delegaciones de Gobierno, Alejandro Avilés, el coordinador del Comité de Planeación, Bulmaro Rito Salinas, y el legislador local Jorge Guerrero.
“Ellos son los que secuestraron al partido -sostiene García Caballero-, ellos son los que llevaron a que el partido cosechara esa derrota vergonzante en razón a que pierde el gobierno del estado, el congreso y los municipios más grandes y con mayor rentabilidad electoral”.
Según él, “no perdió el PRI, sino Ulises Ruiz, Eviel Pérez Magaña y la burbuja”.
Archivos incómodos
200 asesinatos de luchadores sociales, políticos opositores y representantes indígenas
600 detenciones
380 casos de tortura
7 desapariciones forzadas
Mil 264 medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin cumplir
40 controversias constitucionales

Ulises Ruiz, mientes

FUENTE: REFORMA
Al escuchar y observar los últimos promocionales de la ignominia con los que pretendes limpiar tu deteriorada imagen, no se puede menos que pensar que los casi 800 mil oaxaqueños que votaron en contra del gobierno que encabezaste se equivocaron o no viven tú realidad.
Todos los oaxaqueños conocimos la pesadilla que durante seis largos años se padecieron en la historia de Oaxaca.
La explicación de los promocionales pagados con dinero del pueblo oaxaqueño, están dirigidos a un sector del priismo de México con el objeto de buscar acomodarte en el escenario de ese partido a nivel nacional.
Ulises, dices que con 1800 millones de pesos construiste 100 hospitales en Oaxaca, mientes. Porque el presupuesto del sector salud es ciento por ciento federal y tu administración no aportó un solo centavo.
Ulises, lo que no informas en los promocionales triunfalistas, es que el hospital SEDNA ubicado en Periférico Sur 5246, Delegación Coyoacán, Distrito Federal, costó del erario de Oaxaca más de 2,000 millones de pesos -como lo denunció la revista de circulación nacional, Proceso- es propiedad de tu familia.
También festejas que en Oaxaca tenemos un presupuesto histórico, pero lo que no puedes aclarar es cómo surgió la generación de multimillonarios, por cierto todos integrantes y ex miembros de tu gabinete. Bulmaro Rito Salinas, Héctor Pablo Ramírez Puga-Leyva, Martín Vásquez, Emilio Mendoza Kaplan, Miguel Ángel Ortega Habib, Jorge Toledo Luís, Jesús Ángel Díaz Ortega, David Mayrén Carrasco, etc., etc., entre muchos otros nombres.
Tampoco aclaras cómo familiares del secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega, su hermana, su hijo y la encargada de la limpieza del hogar, manejaron cuentas bancarias por 1123 millones de pesos, dinero que no tiene un origen claro y por ese motivo estas tres personas se encuentran recluidas en el penal de Puente Grande en Jalisco.
Ulises, cómo podrías explicar que tú y tu gobierno han hipotecado al pueblo oaxaqueño durante los próximos 50 años, por 12 500 millones de pesos, dinero que deberíamos saber dónde se invirtió, porque en las dos administraciones anteriores la deuda pública no superó los 800 y los 300 millones de pesos, respectivamente.
Ulises, en los promocionales en los que das a conocer las metas obtenidas en el sexenio 2004-2010, omites: las caravanas de la muerte, la ejecución de César Toimil, la desaparición de Miguel Herrera, la ejecución de Alejandro Barrita, de Aristeo López, los homicidios de Catarino Torres y Heriberto Pazos Ortiz, de Beatriz Cariño, de Brad Roland Will; la desaparición de los eperristas, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; la muerte de Jyri Jaakkola, de Teresa Bautistas y Felícitas Martínez.
También dejas de lado la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los Tres Poderes de la Unión que te responsabiliza y llanamente de haber cometido violaciones a las garantías individuales, así como la acusación que te hizo el Departamento de Estado de EU, cuando informó que habías utilizado mercenarios en el 2006 para mantenerse en el poder.
Por esto, no se equivocaron los más de 800 mil oaxaqueños que militan en diferentes partidos politicos, algunos en el PAN, otros en el PRD, otros más de tu mismo partido y ciudadanos sin militancia partidista, que vivieron y todavía viven una realidad opuesta a la que pretendes vender a la opinión pública nacional e internacional.

P.D.
A tu círculo de incondicionales les confiaste que en el 2012, irías por la Presidencia de la República.
Después, bajaste la mira a tus ambiciones y revelaste que contenderías con Emilio Gamboa Patrón, por la dirigencia nacional del PRI.
Finalmente, con todos tus antecedentes no lograrás nada, porque como represor te has convertido en un verdadero lastre para el priísmo.
Posiblemente desde el reclusorio de El Altiplano, antes Almoloya, coordines la campaña de Humberto Moreira, en la lucha por el liderazgo del PRI y si te cumplen estarán al frente de la Secretaría de Elecciones de este partido.
Responsable de la publicación: Bernardino Vásquez y 800 mil votos emitidos en tu contra el 4 de Julio pasado, que reflejan a la verdadera opinión pública oaxaqueña.

Deslave en Santa María Tlahuitoltepec; solo desaparecidos

Milenio
El desgajamiento de un cerro en la comunidad indígena de Santa María Tlahuitoltepec, en la región Mixe, Oaxaca, localizada a poco más de 250 kilómetros de la capital, sepultó cuatro viviendas donde habitaban al menos 11 personas, ocho menores (todos integrantes de la Orquesta Filarmónica del lugar) y tres adultos, entre ellos el regidor de Salud del ayuntamiento, Eduardo Hernández, quienes están en calidad
de desaparecidos.
El gobernador Ulises Ruiz, y el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, descartaron dar un balance de fallecidos hasta que concluyan las labores de rescate.
En conferencia de prensa en el hangar del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en Oaxaca, ambos funcionarios informaron que resultaron afectadas cuatro viviendas, dos están totalmente sepultadas y dos semisepultadas.
En el lugar del deslave se encuentran 462 personas de apoyo, 170 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 47 bomberos, 20 servidores públicos y 125 elementos de la Policía Federal y 100 de la estatal, además de trabajadores de Protección Civil y la Cruz Roja.
En compañía de la coordinadora de Protección Civil, Laura Gurza, Ulises Ruiz y Blake Mora reiteraron que es imposible el acceso vía aérea por las inclemencias del tiempo, y advirtieron que de acuerdo con pronósticos de la Comisión Nacional del Agua se mantendrán las lluvias en el estado, sobre todo en zonas montañosas, por lo que se suspendieron las labores de búsqueda.
De acuerdo con las autoridades locales, el alud ocurrió durante la madrugada como consecuencia de las intensas lluvias que ha dejado a su paso el huracán Matthew, lo que provoca severos reblandecimientos en la serranías oaxaqueñas.
Por su parte, el subprocurador de Justicia, Netolín Chávez, confirmó que hay dos casas totalmente enterradas y dos parcialmente.
Informó que de acuerdo con los testigos, en una de las moradas habitaban siete personas y en otra cuatro “todos hasta el momento siguen reportados como desaparecidos, no podemos hablar de muertos hasta que localicemos los cadáveres”.
Luego de darse a conocer los hechos, el presidente Felipe Calderón instruyó al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, a coordinar las acciones de operación y rescate.Alejandro Poiré, vocero de seguridad nacional, señaló que Blake Mora estará al frente de la coordinación general de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Comunicaciones y Transportes, así como de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y Protección Civil, para prestar de manera oportuna todo el apoyo a pobladores
y autoridades.
Mientras tanto, las secretarías de la Defensa y de Marina pusieron en marcha el Plan DN-III-E y Plan Marina, respectivamente, para auxiliar a las familias afectadas.
Distintas versiones

Los hechos se dieron a conocer desde muy temprano el martes, cuando el gobernador, Ulises Ruiz, entrevistado por Carlos Loret de Mola en Primero Noticias, afirmó que un alud de una extensión de 200 metros sepultó entre 100 y 300 viviendas, por lo que se podían contabilizar entre 500 y mil personas afectadas.
El presidente municipal del lugar afectado, Antonio Martínez, dijo por su parte que habían sido sepultadas al menos 100 viviendas.
En tanto, el secretario de Bienes Comunales de Santa María Tlahuitoltepec, Donato Vargas, en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, informó que tras el recorrido que se realizó en la zona del derrumbe se tenía el registro de 11 desaparecidos y 10 casas dañadas.
Por la tarde, al asegurar que se hará todo lo posible por rescatar a las víctimas, el presidente Felipe Calderón informó que de acuerdo con datos preliminares, el gobernador de Oaxaca le habló de siete muertos y un número indeterminado
de desaparecidos.
El mandatario federal informó que los primeros elementos de las fuerzas armadas habían arribado al lugar caminando después del mediodía, para iniciar de inmediato las labores de rescate y que esperaba reportes desde ahí.
Interrogado sobre la cifra de desaparecidos, el presidente Calderón se limitó a contestar que “es una cifra alta”, aunque dijo que no quería dar un dato equivocado. Agregó que se hará todo lo posible para ayudar a la población y “si es necesario recurrir a ayuda internacional lo haremos. No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ningún recurso”.

Puedes ver las fotografías del deslave si entras acá.

Oaxaca registra 40 ejecuciones

Un total de 40 ejecuciones se han registrado del febrero a la fecha en los municipios de Acatlan de Pérez Figueroa, Loma Bonita, Santiago Jocotepec, María Lombardo y en esta ciudad.
El Subdirector Regional de los Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a la Subprocuraduría Regional de Justicia de la Cuenca, Antonio Joaquín Lorenzo Hernández, reconoció que los diferentes cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno han sido rebasados por la delincuencia organizada.
El jefe policiaco hizo un balance de la cantidad de ejecuciones que se han dado en distintas puntos de los municipios antes mencionados y reveló que algunos casos de Loma Bonita ya se tienen bien investigados como los presuntos autores de la matanza de los ocho cazadores, donde sólo se espera que el Juez libere las órdenes de aprehensión.
Loma Bonita es uno de los municipios más golpeados por la delincuencia. A la fecha se han contabilizado 15 ejecuciones y varios lesionados en menos de dos meses, entre ellos los dos más recientes que fueron levantados en esta ciudad y aparecieron muertos en el municipio de Otatitlán, Veracruz, hijos de prominentes políticos.
Antonio Joaquín Lorenzo Hernández, aseguró que vinieron a tirar a Tuxtepec a tres jóvenes que fueron levantados y ejecutados en Tres Valles, Veracruz, de los cuales sólo la mujer fue identificada por sus familiares, los otros dos se fueron a la fosa común ya que nadie reclamó los cadáveres.
En Loma Bonita ejecutaron a dos taxistas en una semana, "uno lo vinieron a dejar casi a las puertas del hospital regional y el otro lo ejecutaron a la entrada del Sexto Regimiento de Caballería Motorizada en Loma".
En todos los casos se está trabajando, aseguró el comandante, quien tiene en Tuxtepec escasos tres meses de haber llegado.
Lorenzo Hernández mencionó que se trabaja en las mismas condiciones de hace 15 años: "el mismo personal, vehículos en malas condiciones, falta equipo de comunicación, armamento, estímulos a los agentes estatales de investigación", dijo.

Copala, territorio sitiado y sin ley

El Universal
Existe en México un territorio sitiado, donde el Estado no gobierna, las libertades están restringidas y los informes de prensa dan cuenta de más de 30 asesinatos en los últimos meses. Se trata del municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca.
Un cable de la agencia de noticias española EFE retrata a la comunidad triqui de Copala como "una Franja de Gaza en México", una comunidad donde es imposible entrar, pues un grupo armado tiene un cerco en la zona.
Para Jesús Robles Maloof, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la comparación no es un despropósito. 
"Existen evidencias de enfrentamientos, balaceras donde se han encontrado 600, 700 cartuchos de municiones para rifles AK-47 en la zona, incluso informes que hablan de patrullas de diez a 19 personas armadas con rifles de alto poder", relató el especialista en entrevista con EL UNIVERSAL. 
En este poblado, declarado autónomo en 2007, hay una disputa entre varios grupos triquis de los que sobresalen dos, el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) y la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).
El primero simpatiza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el segundo con el Partido gobernante en la entidad, el Revolucionario Institucional (PRI).
Según plataformas civiles, ambos grupos están armados y es el Ubisort la facción que mantiene el cerco en la comunidad. 
El enfrentamiento ha escalado niveles graves de violencia, apenas el fin de semana, Reyna Martínez Flores, representante de los desplazados denunció la muerte de Paulino Ramírez Reyes, una mujer y un niño, además de la desaparición de otras tres personas.
A estas desapariciones se suma el asesinato deAnastasio Juárez Hernández, hermano de Rufino Juárez, líder del Ubisort así como la muerte de dos activistas humanitarios (un finlandés y una mexicana) que pretendían introducir ayuda a la zona.
Para Robes Maloof, el conflicto de Copala no puede ser explicado solamente como una lucha entre comunidades triquis.
"Esa es la explicación que da el gobierno de Oaxaca. Tenemos testimonios que sugieren que los programas del gobierno local en la zona han estado encaminados a eliminar su forma de organización autónoma".
"El punto es que ellos han tenido esta forma de organización desde siempre", explicó Robles, quien ha seguido de cerca de estas comunidades. 
"Lo grave es la aparición de armas de alto poder, y que los pobladores de se pasean con estas armas. No podemos decir en ningún momento que el Ubisort recibe apoyo o armas del gobierno local, sin embargo, el gobierno local es responsable por su inacción ante el problema, al argumentar que se trata de un tema de usos y costumbres", aseguró Robles Maloof.


Un camino a la paz
Para el activista, una propuesta de pacificación pasa por varios estadios, el primero de ellos es el desarme total en la zona; el segundo es "un deslinde político claro del gobierno estatal en el asunto; esta entidad debe alentar, no encabezar el diálogo entre facciones".
Estas negociaciones podrían estar encabezadas por personalidades civiles respetadas en la zona, como los obispos Arturo Lona y Wilfrido Mayren, quienes ya han llamado a la paz a las facciones".
Para el académico, antes de la paz debe venir la justicia: "investigación, detención y procesamiento de los identificados que han cometido asesinatos en la zona".
Hace falta además que se restablezcan los derechos fundamentales en lugar, afirma Robles, para tener, entonces, las condiciones idóneas para iniciar el diálogo.

¿Nuevos aires?
El 1 de diciembre tomará posesión como gobernador del estado Gabino Cué, quien fue elegido como abanderado de la alianza PRD, PT, PAN y Convergencia contra el aún gobernante Partido Revolucionario Institucional. 
"Cué ha mantenido silencio sobre este tema, pero creo que reestablecer el orden constitucional en San Juan Copala es la primera acción para decir que Oaxaca está cambiando", afirmó Robles.
"Cuando asuma el control de las instituciones, la primera señal para ver si hay transición política real es parar la violencia y detener a quien haya agredido y asesinado; esa es la clave. Tenemos esa convicción, que el electorado oaxaqueño votó por el cambio", finalizó Robles.
Este lunes, veinte personas, once mujeres y nueve niños, comenzaron un plantón y una huelga de hambre en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, denunciando la desaparición del municipio autónomo de San Juan Copala a causa de un ataque armado el fin de semana pasado. 
Los manifestantes señalaron que la mayoría de los habitantes lograron salir del municipio, mas aún existen familias atrapadas por lo que piden a las autoridades ayuda para lograr evacuarlas.

La Coloreteada Villalva