Tres situaciones para leer el momento actual en México

Andrés Avila/lahaine.org
En esta ocasión he de tomar tres ejemplos para situarnos en la situación actual de la política mexicana, sobre todo encaminado a comprender cómo está haciendo ahora mismo, su política el Estado mexicano.
Para ello es importante destacar que si bien el gobierno calderonista ha formado y forma parte de dichos acontecimientos, en estos ejemplos podemos ver la importancia de otros instrumentos del Estado; en el primer caso, las elecciones, juegan un papel importante los partidos políticos, los Institutos Electorales y el poder judicial, en el caso del decreto de desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro podemos ver el papel del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y en el tercer caso, el de los presos políticos, se destaca el papel del gobierno federal, del gobierno del Estado de México y del poder judicial.
Aunque suelo subrayar que para comprender la forma en que se hace la política oficial es necesario insistir en el carácter burgués del Estado mexicano, y de ahí sus características esenciales, hemos de reconocer también que existen contradicciones en su seno que provocan constantes choques políticos entre las fuerzas que lo administran y disputan. En la realidad concreta, la política nacional no es reflejo nítido de ninguna fuerza o partido político en particular, sino el resultado contradictorio de la resolución de convergencias y diferencias entre grupos de poder, muchos de los cuales se manifiestan o se expresan a través de partidos políticos o de personajes de la política.
Naturalmente existen diferencias en la correlación de fuerzas que explican que algunas fuerzas políticas logren imponerse más que otras. Por lo tanto, tenemos que destacar el hecho que agrupa dentro del Estado a las diferentes instituciones y agrupaciones políticas aún siendo contradictorias; el reconocimiento del mismo, de sus leyes, sus instituciones y procedimientos como los únicos válidos para dirimir las diferencias y para concursar políticamente. Esto significa que asumir la posición de Estado no es lo mismo que asumir la posición política del presidente de la república, sino aceptar que la única forma posible de discernir con él es la que indican los procedimientos legales. Así funciona el consenso del poder burgués.

Las elecciones estatales
El proceso electoral del presente año en donde se disputaron algunas gobernaturas, estuvo caracterizado por las siempre polémicas alianzas entre el PAN y el PRD (en algunos casos junto con PT y Convergencia) , ante el hecho inminente de que el PRI tenía amplias posibilidades de ganar cada elección. Finalmente no ocurrió mayor sorpresa, cada partido utilizó a su favor los puestos gubernamentales con que cuenta y de ahí se desviaron recursos, se manipularon los medios de comunicación y se practicó el acostumbrado acarreo; esto le bastó al PRI para mantenerse como la fuerza política con mayor influencia mientras el PAN y PRD ocuparon nuevos puestos y perdieron otros.
Pero como nosotros no representamos ni nos sentimos representados por ninguno de estos partidos sino que lo que nos preocupa es cómo queda parado el pueblo trabajador después de estos resultados, simplemente hemos de observar que no existen elementos sustanciales para pensar que como resultado de alguna elección van a mejorar las condiciones de vida de los pobres y trabajadores del país, mucho menos para pensar que como resultado de alguna elección mejorarán las condiciones políticas para hacer trabajo revolucionario. La correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo no se ha alterado significativamente como producto de este proceso electoral, pero tampoco la correlación de fuerzas entre los distintos partidos y fuerzas políticas que administran el Estado mexicano.
Nuevamente se mantiene la constante de una alta abstención y desilusión del pueblo para con la política burguesa por un lado, y por el otro el reforzamiento del consenso de las fuerzas políticas burguesas que refrendan su compromiso para con la institucionalidad del Estado y la voluntad de no entorpecer en lo más mínimo el proceso de acumulación capitalista . De manera singular destaca el papel del Partido de la Revolución Democrática quien parece cambiar cada tres años, cuando más, su concepción de “enemigo”, pues ya en el pasado habría realizado alianzas con el PAN para algunas candidaturas estatales con el argumento de que el enemigo fundamental era el PRI, pero hace tres años hablaba de el PAN como el enemigo fundamental de los cambios que necesita el país, hoy ha vuelto a presentarlo como su aliado en contra del PRI.
El caso más notable es lo ocurrido en Oaxaca con el triunfo de la candidatura de Gabino Cué quien contendió por segunda vez por la gobernatura del estado abanderado por el PRD, PT y Convergencia, sólo que esta vez también fue abanderado por el PAN. Cué había concursado en el período pasado en contra del priísta Ulises Ruíz Ortíz, quien resultó vencedor tras un amañado proceso electoral. Cué acusó al PRI y a Ulises Ruíz de haber hecho fraude electoral y promovió una serie de movilizaciones para revertirlo, sin embargo, una vez que los tribunales electorales ratificaron la victoria del PRI, asumió con férrea disciplina de hombre de Estado, que lo cierto es lo que digan las instituciones y cesó las movilizaciones.
Sin embargo durante el 2006 ocurrió un hecho muy importante que cimbró a todo el estado de Oaxaca y a México entero, la lucha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO, quien tras una serie de sucesos represivos entre los que destacó el desalojo con lujo de violencia de un plantón de los maestros de la sección 22 del SNTE en el centro de Oaxaca, conformó una fuerza popular cuya principal demanda fue la renuncia del gobernador Ulises Ruíz. En la APPO confluyeron distintas organizaciones políticas, gremiales, sociales, de campesinos, pueblos originarios y oaxaqueños que a nivel individual se incorporaron al movimiento, tomaron prácticamente toda la ciudad de Oaxaca y puntos importantes de dicho Estado, logrando, en los hechos, la expulsión del gobierno priísta; sin embargo el Estado mexicano, a todos los niveles siempre reconoció a Ulises como el único representante del gobierno oaxaqueño y negó la interlocución a la APPO.
Está claro que para cambiar significativamente las condiciones de vida de los oaxaqueños hace falta mucho más que cambiar a un gobernador, y la mayoría de quienes integraban la APPO lo tenían claro, sin embargo hubiera resultado muy importante que el pueblo organizado lograra la renuncia de Ulises Ruíz, pues esto hubiera potencializado la organización de los oprimidos a varios niveles, no sólo en Oaxaca sino en todo el país. La decisión de Estado, en torno a la cual cerraron filas todos los partidos políticos burgueses fue la de impedir que la política se definiera en espacios tan alejados de su influencia y control, por lo que había que reprimir a la APPO y restituir a Ulises Ruíz.
Esto sólo fue posible a través de la intervención policíaco militar de las fuerzas federales, que en ese caso fue la Policía Federal Preventiva, el Ejército y la Marina, apoyadas por grupos de choque y paramilitares al servicio de la oligarquía local. La APPO había vencido a las fuerzas represivas del estado de Oaxaca, y prácticamente había derrocado a Ulises Ruíz, fue el poder federal en cuya cabeza estaba el PAN, quien logró devolver el poder a los priístas. Pero más que devolver a los priístas, el papel de las fuerzas federales era garantizar los espacios de poder para la oligarquía local y para la burguesía, y en ese momento juzgaron que el enemigo del Estado y de la burguesía era la APPO y no Ulises Ruíz.
Ahora, el Estado mexicano en su conjunto pretende culminar la lección para quienes formaron y lucharon en la APPO; si no les gusta un gobernador, sólo podrán cambiarlo por los métodos y procedimientos establecidos por la normatividad del Estado. Y así, después de cuatro años, Ulises Ruíz deja la gobernatura de Oaxaca habiendo terminado su período constitucional, y entregando con sus propias manos el mando a Gabino Cué. La esperanza de la oligarquía local es que el nuevo gobernador, respaldado por los supuestos partidos de izquierda, por un lado, y el partido en el ejecutivo federal, por otro, tengan la capacidad de garantizar su sobrevivencia y contener, al mismo tiempo la movilización popular. De ahora en adelante, los oportunistas del PRD que decían apoyar a la APPO, serán los encargados de convencer a sus antiguos compañeros de que es posible la interlocución con el nuevo gobierno y conminarlos a evitar movilizaciones independientes.
Por otra parte, la dirigencia nacional del PRD, se vanagloria del triunfo de su estrategia política y pretende convencer a sus detractores internos y simpatizantes radicalizados, de que la única forma posible de conquistar espacios de poder para su partido y para los inconformes, es jurando y demostrando lealtad a todas las instituciones del Estado. Por su parte, PT y Convergencia critican la posición aliancista del PRD en los otros estados, pero callan en el caso de Oaxaca.

El martillo de la SCJN cayó sobre el SME
La desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el abatimiento de uno de los sindicatos con mayor trayectoria de lucha política sindical en el país fue sin duda una decisión de Estado que ha servido y seguramente seguirá sirviendo como bandera del bloque hegemónico en el poder para demostrar que los opositores al régimen pueden ser vencidos con la violencia y sin mayor mediación. Todo inició con un dictamen atípico de la Junta de Conciliación y Arbitraje que desconoció a la dirigencia del sindicato como interlocutor, a lo cual siguió un decreto presidencial que declaraba la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y por tanto dejaba sin personalidad jurídica al Sindicato Mexicano de Electricistas.
Ante esta situación irrumpió la indignación de cientos de miles de personas que se solidarizaron con los electricistas en una de las movilizaciones más grandes de la historia de México, la medida constituye sin duda un golpe en contra de los trabajadores y a favor del capital, cuyo principal argumento fue abatir las conquistas laborales de los electricistas, su salario, prestaciones y condiciones de trabajo por ser estas un obstáculo a la desmedida acumulación capitalista. La inconformidad fue manifiesta por parte de prácticamente toda la izquierda, algunos sindicatos e incluso de las fuerzas políticas de la “izquierda parlamentaria”.
Sin embargo la disyuntiva que enfrentó la dirigencia del SME fue; tomar las calles, movilizarse y presionar con la fuerza de los trabajadores al Estado mexicano para retractarse de la decisión tomada, o bien, utilizar los canales institucionales con la esperanza de que en última instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminara el carácter inconstitucional del decreto y devolviera a los trabajadores su materia de trabajo.
Nótese bien que la disyuntiva no está en mantener la lucha legal e institucional a la par de las movilizaciones o no hacerlo, sino entre dos concepciones contrapuestas; sostener la lucha política y la movilización como eje de la lucha, respaldada con los recursos legales, o bien depositar las esperanzas en las instituciones y procedimientos legales, a la vez que se respaldaba dicha estrategia con algunas movilizaciones.
Todas las fuerzas oportunistas se encargaron de convencer a la dirigencia del SME de que lo conducente era lo segundo, y aceptaron que el SME se movilizara discretamente mientras en las instituciones corría el tiempo de revisión de distintos tipos de recursos. A este respecto se promovieron medidas a diferentes niveles de gobierno e institucionales; por un lado abriendo una supuesta negociación entre la dirigencia del SME y la Secretaría de Gobernación en donde sólo se le ofrecía a los trabajadores condiciones de rendición, por otro lado impulsando dictámenes en la Cámara de Diputados, acompañadas por el ya acostumbrado teatro de la toma de tribuna, y por otro acudiendo al poder judicial para que declarara inválida la decisión del ejecutivo.
Mientras el tiempo pasaba, la dirigencia del SME sólo convocó a discretas movilizaciones cuyos tiempos y modos se encontraban subordinadas a los tiempos y modos de las instituciones del estado que habrían de resolver sus demandas; y mientras el tiempo transcurría, los operadores del gobierno fueron ganando adeptos a su postura, se fue desgastando la moral de lucha de los trabajadores y el SME fue perdiendo paulatinamente la capacidad de movilización con que contaba.
Las negociaciones en la secretaría de gobernación no derivaron en nada, en el poder legislativo se respaldó el decreto presidencial, y lo único que restaba era la resolución de la SCJN. Finalmente la resolución llegó y fue contraria al sindicato.
Es cierto que durante años el SME contó con una tradición de lucha, distinta a la de la mayoría de los sindicatos plegados a los designios del régimen, pero también es cierto que el SME se durmió en sus laureles y no logró ser un verdadero sindicato de clase que estuviera dispuesto a fortalecer la conciencia obrera dentro y fuera de su gremio para promover la lucha revolucionaria. Finalmente sus alcances y limitaciones estaban determinados por un tipo de práctica sindical enraizada desde hace muchos años. Siendo así, es difícil decir si el SME como sindicato hubiera podido hacer más de lo que hizo.
Lo importante a destacar aquí es el papel que jugaron ciertas fuerzas políticas y ciertas instituciones supuestamente democráticas. Principalmente los partidos PRD, PT y Convergencia y las dirigencias sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores. Su principal papel fue el de dilatar y rebajar el carácter de la movilización, convenciendo a la dirigencia del SME de la posibilidad de obtener sus demandas acudiendo a las instituciones, principalmente en la cámara de diputados y en el poder judicial. Aquí ocurre algo parecido a lo citado anteriormente con el caso de Oaxaca; los personajes de dichos partidos pueden aceptar manifestarse, hacer declaraciones públicas en los medios de comunicación, promover una resolución en la cámara de diputados y un amparo en la Suprema Corte, pero jamás podrían sacrificar sus objetivos electorales o su compromiso con la normatividad del Estado a favor de la movilización independiente de los trabajadores; así pues, el papel de dichas fuerzas políticas consiste en la contención de la movilización independiente para, en todo caso, capitalizar el descontento para sus propios fines llegado el tiempo de las próximas elecciones.
Ahora, la última opinión para consolidar la verdad de Estado acerca de la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza y el golpe al sindicalismo, está dada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de ahora en adelante quedará cada vez más claro la verdadera posición de los mencionados partidos autodenominados de izquierda al respecto, aceptar la verdad de Estado. En todo caso se limitarán en algunos foros, a criticar la decisión tomada por Felipe Calderón, pero dándola por irreversible, lo mismo que han criticado el fraude electoral del 2006 a la vez que lo validan en los hechos.
Pero más significativo aún es que la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro era un paso importante para la privatización, paulatina o de golpe de la energía eléctrica. Con ello la clase dominante se encuentra congraciada prácticamente en su conjunto, por lo que difícilmente alguno de los partidos electorales lanzará en su próxima plataforma política para el 2012 la reconstitución de la Compañía y la restitución de todos sus derechos al SME, en todo caso manifestarán su rechazo a una futura privatización de la energía eléctrica pero dando por válidos los pasos dados hasta hoy en ese camino. Y por supuesto, de ninguna manera podríamos descartar que a la vez que se oponen discursivamente a la privatización, sean ellos mismos capaces de llevarla a cabo una vez en el gobierno. Finalmente es probable que ofrezcan a los actuales dirigentes del SME puestos en la cámara de diputados o en algún gobierno bajo su control a cambio de su respaldo; ya estará en ellos si lo aceptan o si se mantienen al lado de los trabajadores en su lucha.
De alguna futura negociación entre la dirigencia del SME y la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, puede esperarse la obtención de algún acuerdo, pero queda prácticamente descartado que el Estado cambie el curso definitivo de su decisión de extinguir la Compañía y desaparecer al SME. Tal vez pueda negociarse la recontratación de algunos trabajadores, primas a las liquidaciones o préstamos para que inicien alguna cooperativa que venda servicios a la Comisión Federal de Electricidad. Pero en lo fundamental el golpe está dado al sindicalismo, y la capacidad de resistencia fue insuficiente para revertirlo por ahora.

El caso de los presos políticos de Atenco
No podemos explicar la liberación de los 12 presos políticos de Atenco sin remontarnos a lo ocurrido hace cuatro años. En ese entonces el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, impulsaba junto con muchas otras organizaciones la iniciativa que el EZLN lanzaba en su Sexta Declaración de la Selva Lacandona, la cual llamaba a construir otra política distinta a la practicada por los partidos políticos que administran el Estado mexicano, se trataba de un intento de ofensiva de la resistencia popular en donde ya no bastaba resistir a los embates del neoliberalismo sino a emprender la lucha abierta contra el capitalismo y por tanto a la clase en el poder. La Otra Campaña avanzaba con éxito agrupando a distintas organizaciones políticas y sociales, además de individuos y colectivos a lo largo del país, quienes coincidíamos en el agotamiento de la política electorera y la necesidad de hacer política con nuestros propios recursos con un rumbo anti capitalista. Después de importantes movilizaciones a lo largo del país, sobre todo a finales de abril y principios de mayo en la Ciudad de México, vino la respuesta de Estado.
En ella participaron órganos represivos municipales, estatales y federales quienes dependían sucesivamente del PRD, en Texcoco, PRI en el Estado de México y PAN en el ejecutivo federal, además del protagonismo de los medios masivos de comunicación, cámaras empresariales, alto clero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, procuradurías y autoridades carcelarias. Todo el sello de una operación de Estado.
El 3 y 4 de mayo del 2006 se reprimió a una de las organizaciones emblemáticas de la resistencia popular de los últimos años, el FPDT, y a los individuos y organizaciones que formaban parte de La Otra Campaña con singular violencia. El asesinato de dos jóvenes, Javier Cortés y Alexis Benhumea, las golpizas multitudinarias, el copamiento del pueblo de San Salvador Atenco y la aprehensión de cientos de activistas fue el saldo de la operación. Tras la misma permanecieron recluidos por varios meses varias decenas de activistas y tres compañeros identificados como dirigentes del FPDT fueron trasladados al penal de máxima seguridad de “el Altiplano” en Almoloya de Juárez, Edo. Mex. Estos últimos, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, fueron sentenciados a más de cien años de prisión acusados del delito de secuestro equiparado, por supuestamente haber retenido de manera ilegal a funcionarios de Estado.
La operación cumplió su objetivo pues La Otra Campaña no pudo rearticularse eficientemente y fue mermada considerablemente la capacidad de movilización del FPDT, dando un mensaje muy claro al resto de la población inconforme, la rebeldía sería reprimida con toda energía por parte del Aparato represivo de Estado.
En esta ocasión, el bloque hegemónico en el poder también fortaleció su posición de que a los rebeldes se les puede vencer por la fuerza. A partir de ese hecho, Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México por el PRI, ha ganado la simpatía de buena parte de la burguesía quien ahora lo perfila como su candidato preferido rumbo a las elecciones del 2012.
El proceso jurídico que se ha llevado en contra de los atenquenses estuvo amañado desde el principio, se presentaron testimonios y pruebas falsas en su contra y se les negaron muchos de sus beneficios constitucionales, además de en los casos mencionados, darles un trato peor que el que reciben los grandes capos del narcotráfico y los jefes de las bandas de secuestradores.
Finalmente, después de cuatro años de prisión inhumana y a todas luces injusta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que la prisión de los integrantes del FPDT era improcedente y ordenó su liberación.
Es importante señalar que los presos no estuvieron solos, pues durante estos cuatro años se mantuvieron distintas acciones por iniciativa del FPDT y otras organizaciones para su liberación, pero también es importante señalar las diferencias entre el momento de su reclusión y el de su liberación.
Como ya se dijo, los objetivos de la operación de Estado del 3 y 4 de mayo del 2006, ya se habían cumplido y en ella participaron prácticamente todas las instituciones de Estado, el mensaje a los rebeldes ya fue plenamente transmitido y el castigo para los activistas y dirigentes del FPDT para nada fue moderado, ¿Quién puede decir que es poco pasar cuatro años preso, y más aún en una prisión como “El Altiplano”? Es muy probable que de su gusto, la burguesía y los funcionarios hubieran dejado para siempre a los atenquenses en prisión, pero también es cierto que a estas alturas resultaba un tanto ambicioso y que un hecho tan ilegítimo restaba credibilidad y legitimidad a las instituciones de Estado. Es decir, el consenso de Estado, y de clase burguesa que implicó la represión en contra del FPDT, la resistencia popular y La Otra Campaña en el 2006, no tenían el mismo nivel de cohesión que el cumplimiento cabal de la condena de los presos, es por ello que la SCJN pudo decidir su liberación.
Aún así, Peña Nieto no perdió la oportunidad de decirle a la burguesía que lo respalda que si por él hubiera sido, los atenquenses seguirían presos, pues hasta el final la Procuraduría del Estado de México movió recursos legales para hacerlo de esa manera, y actualmente mantiene procesos abiertos en su contra. Es probable que el propio Peña Nieto supiera que esos recursos estaban destinados al fracaso, pero no por ello deja de ser significativo que los haya intentado pues sirve para transmitir un mensaje para sus seguidores y patrocinadores de la burguesía: bajo mi gobierno no se tendrá compasión para con los que se rebelen en contra de sus intereses y no vacilaré en hacer cumplir los designios del capital.
Por otra parte, el Estado mexicano aprovechará la situación para promover una de sus grandes falsedades, la división de poderes y la imparcialidad del poder judicial, y pretenderá con esto dotar de legitimidad a sus instituciones; por su parte, los oportunistas tratarán de capitalizar el caso para en el futuro argumentar que sólo a través de los recursos legales es como se puede lograr la liberación de los presos políticos. Le darán el mérito a los ministros de la Corte y a la ley, en lugar de ver que Nacho del Valle, Felipe Álvarez y el resto del FPDT se habían ganado desde hace muchos años su propia legitimidad, lo cual hacía notoriamente injusta su reclusión y permitía sumar adeptos para liberarlos.

La situación actual
Legalidad y transgresión, represión y conciliación, prisión y liberación, son hechos contradictorios pero que forman parte de lo mismo, en su conjunto sirven para caracterizar la política del Estado Mexicano.
Por un lado encontramos un consenso claro de la clase en el poder; los únicos mecanismos tolerados para buscar obtener algo, son los que la legalidad burguesa ofrece, y estos sólo funcionan bajo la tutela y observancia de las fuerzas políticas que forman parte de la administración estatal.
Todas las fuerzas políticas burguesas aceptan como válidas algunas transgresiones a la legalidad burguesa, pero solo aquellas que son realizadas por la clase dominante y por las fuerzas y partidos políticos que detentan el poder, principalmente cuando favorecen en lo general al bloque hegemónico en el poder.
Así pues, está penado luchar por el derrocamiento popular de un gobernante, por la construcción de un sindicalismo independiente, por la defensa de la tierra o por el derrocamiento del régimen capitalista, pero no está penado el fraude electoral, la violación a las garantías individuales y sociales perpetradas por el Estado. Los defensores de su tierra y luchadores sociales pueden pasar cuando menos cuatro años presos, pero los especuladores que pretendían despojarlos no serán castigados, como tampoco lo serán, según otra resolución de la corte, los policías y funcionarios que ordenaron las torturas y violaciones el 3 y 4 de mayo del 2006 en Atenco.
De igual manera, los electricistas viven bajo amenaza de que si escalan a formas más radicales de lucha serán reprimidos con la fuerza con que se reprimió a oaxaqueños y atenquenses, a la vez que los causes legales los han condenado a perderlo todo, mientras los funcionarios y capitalistas que han dejado a decenas de familias sin sustento económico no verán la menor acusación legal en su contra.
Mientras tanto los partidos políticos de la burguesía (PRI, PAN, PRD, principalmente) debaten sobre el uso del garrote y la zanahoria, a la vez que en cierta medida todos reconocen la validez de tan utilizada combinación, y piensan como ganar los favores de la burguesía para las próximas elecciones así como también en las formas en cómo mediáticamente utilizarán la desgracia de cada vez más mexicanos para acarrearlos a las urnas.
Algo importante a cuestionarnos es ¿Qué necesitaría pasar para que una instancia de poder popular pueda realmente gobernar un estado como Oaxaca, para que se castigue a los responsables de más alto nivel por el terrorismo de Estado practicado en Atenco y para que el Sindicato Mexicano de Electricistas vuelva a ser la instancia de participación política principal de sus agremiados? ¿Es posible que esto ocurra dentro del Estado actual? ¿Podría suceder en caso de que algún candidato de la izquierda electorera llegue al poder ejecutivo? Mi opinión es que no, estamos hablando de decisiones de Estado y por tanto no están sujetas a ser modificadas a capricho de personajes y partidos políticos en el gobierno. Para que se juzgue a criminales como Fox y Peña Nieto o se de una escalada de restitución de derechos sociales y sindicales, se requeriría cuando menos un verdadero cambio en las estructuras de poder económico y político, que cuando menos el bloque hegemónico de la clase dominante cambie radicalmente. Y no se puede pensar que un Estado burgués, y dentro del modo de producción capitalista se permita que una instancia de poder popular gobierne un estado de la república, un objetivo como ese sólo puede ser realizado por un proceso revolucionario, son formas que pueden adaptarse al socialismo pero nunca al capitalismo.
Por nuestra parte, la izquierda revolucionaria debe preguntarse si vamos a hacer nuestra la lógica de aceptar haber perdido todo lo que nos han quitado y sólo conformarnos con pedir que no nos quiten más, o bien, cuándo y cómo vamos a retomar la ofensiva, si vamos a dotarnos de nuestros propios instrumentos y métodos históricos de lucha, o vamos a confiar en que el Estado, a través de alguno de sus mecanismos, nos prometa algo y nos distraiga de nuestras tareas organizativas y de lucha fundamentales, sobre las cuales descansa la posibilidad de algún día arrebatarle el poder al capital y construir el de los trabajadores.