¿Hasta cuando Oaxaca?

José Gil Olmos/Agencia Proceso

Después de medio año de conflicto, con un saldo de 20 muertos y más de 200 detenidos, algunos de ellos con amenazas de violaciones o ser lanzados al mar desde helicópteros, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, se mantiene no sólo con el apoyo de su partido, sino con el soporte del presidente Felipe Calderón.A lo largo de estos siete meses en Oaxaca han ocurrido una serie de sucesos que darían vergüenza a cualquier gobernante, pero que a Ulises Ruiz parecen no afectarle.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ha sido el movimiento social más reprimido en los últimos años, la persecución policíaca contra lops dirigentes se parece mucho a la que hace treinta años se desató en contra de los grupos guerrilleros.
En los hechos los appistas han sido tratados como guerrilleros o delincuentes de alta peligrosidad. Luego de su detención en la Ciudad de México, Flavio Sosa fue llevado al penal de alta seguridad en La Palma, Estado de México, en un operativo tan espectacular como el que se implementó con Archibaldo Guzmán, hijo de “El Chapo”: helicópteros, patrullas y hombres fuertemente armados lo custodiaron todo el trayecto y el hecho fue trasmitido en vivo por Televisa y TV Azteca.
El trato policíaco y militar que el gobierno de Ulises Ruiz, apoyado por el gobierno federal, ha dado a la APPO desde el inicio del conflicto, muestra el perfil de gobernantes que tenemos, incapaces de entender las causas sociales de un movimiento popular.La responsabilidad del gobernador es más que evidente, pero lo que preocupa es la forma en que ha respondido el gobierno federal, primero con Fox y ahora con Calderón, al dejarlo indemne no obstante las muestras de cacique que ha dado.
De nada han valido las denuncias que han hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y grupos de observadores internacionales sobre casos de tortura y persecución a que ha sido sometidos los appistas.
Los oídos sordos del gobierno de Felipe Calderón y el cinismo de Ulises Ruiz a la protesta nacional e internacional muestran la incapacidad de la clase política mexicana para atender y entender los reclamos sociales de un pueblo empobrecido y marginado por muchos años.
Al final lo único claro que deja el conflicto oaxaqueño es que la impunidad sigue siendo una virtud de la clase gobernante nacional, la cual se maneja como una plutocracia, y que la justicia es una deuda pendiente dentro del proceso democrático nacional.