Eldespliegue de fuerzas policiales federales en Oaxaca, que tenía como supuesto propósito el "restablecimiento de la legalidad y el orden", se ha traducido en una ruptura generalizada del estado de derecho, en un estado de excepción de hecho, en un apuntalamiento por la fuerza y la violencia del gobierno de Ulises Ruiz y en una escalada represiva que obliga a recordar las tácticas de contrainsurgencia de las dictaduras militares que asolaron este hemisferio en décadas pasadas. Organismos religiosos y de derechos humanos han documentado que en el empeño de los gobiernos federal y estatal por aplastar al movimiento ciudadano, que exige la salida del gobernador, se han cometido toda suerte de atropellos: detenciones injustificadas, desapariciones, torturas, fabricación de delitos, agresiones sexuales a mujeres, cateos ilegales y persecución de dirigentes políticos; al amparo de los contingentes de la Policía Federal Preventiva, grupos de choque de la autoridad local han perpetrado toda suerte de agresiones recuérdese que hay muertos en contra de activistas o simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) e inclusive contra transeúntes no involucrados de manera alguna con esa organización.
Esa suerte de esquema de contrainsurgencia, aplicado no contra organizaciones armadas sino contra un movimiento pacífico, como lo han sido a lo largo del conflicto el del gremio magisterial y el de la APPO, se ve complementado por muestras de una actitud gubernamental encarnizada y excesiva, como el traslado de 141 capturados a Nayarit, las acusaciones desmesuradas, si no es que abiertamente falsas, contra muchos de ellos, y la fijación de fianzas absurdas algunas de cuatro millones de pesos como condición para liberar a algunos de los detenidos.
En su pérdida progresiva del sentido de realidad y de mesura, el foxismo terminó como había prometido que no sería: un gobierno represor. El calderonismo, acorralado por su falta de legitimidad y por la necesidad de soportes políticos, más allá de su propio partido, empezó negociando con el PRI la permanencia de Ulises Ruiz a cambio de la presencia de las bancadas legislativas tricolores que harían el quórum necesario para la toma de posesión presidencial del viernes. Ahora es necesario que el nuevo gobierno vea más allá de las apuradas condiciones de su inicio y contribuya a resolver el desastre oaxaqueño, del que es corresponsable de origen.
Para empezar, el Ejecutivo federal tendría que deponer su pretensión de eliminar, mediante el tolete, el gas lacrimógeno y las persecuciones políticas injustificadas, expresiones de conflictos sociales que requieren de soluciones de fondo. De no proceder así, de no privilegiar a la política por sobre la policía, el gobierno de Felipe Calderón no sólo agravará los problemas de origen sino que confirmará los peores augurios sobre sus tendencias autoritarias y represivas, agudizará, por esa vía, su propia crisis de legitimidad y, ante la cancelación definitiva de garantías, libertades y espacios de expresión, abrirá las puertas a manifestaciones políticas violentas.
Esa suerte de esquema de contrainsurgencia, aplicado no contra organizaciones armadas sino contra un movimiento pacífico, como lo han sido a lo largo del conflicto el del gremio magisterial y el de la APPO, se ve complementado por muestras de una actitud gubernamental encarnizada y excesiva, como el traslado de 141 capturados a Nayarit, las acusaciones desmesuradas, si no es que abiertamente falsas, contra muchos de ellos, y la fijación de fianzas absurdas algunas de cuatro millones de pesos como condición para liberar a algunos de los detenidos.
En su pérdida progresiva del sentido de realidad y de mesura, el foxismo terminó como había prometido que no sería: un gobierno represor. El calderonismo, acorralado por su falta de legitimidad y por la necesidad de soportes políticos, más allá de su propio partido, empezó negociando con el PRI la permanencia de Ulises Ruiz a cambio de la presencia de las bancadas legislativas tricolores que harían el quórum necesario para la toma de posesión presidencial del viernes. Ahora es necesario que el nuevo gobierno vea más allá de las apuradas condiciones de su inicio y contribuya a resolver el desastre oaxaqueño, del que es corresponsable de origen.
Para empezar, el Ejecutivo federal tendría que deponer su pretensión de eliminar, mediante el tolete, el gas lacrimógeno y las persecuciones políticas injustificadas, expresiones de conflictos sociales que requieren de soluciones de fondo. De no proceder así, de no privilegiar a la política por sobre la policía, el gobierno de Felipe Calderón no sólo agravará los problemas de origen sino que confirmará los peores augurios sobre sus tendencias autoritarias y represivas, agudizará, por esa vía, su propia crisis de legitimidad y, ante la cancelación definitiva de garantías, libertades y espacios de expresión, abrirá las puertas a manifestaciones políticas violentas.
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