DESDE el 22 de mayo, hace exactamente tres meses, en Oaxaca se ha entrado en una espiral de inestabilidad, desórdenes, represión y abierto desafío al gobierno de Ulises Ruiz, que evidentemente ya no tiene ni la capacidad ni los puentes indispensables para establecer el diálogo con sus oponentes, lo que ha propiciado una situación cada día más insostenible.
Ayer en la madrugada las instalaciones de la Corporación de Radio y Televisión del Gobierno,
ubicadas en el Cerro del Fortín, tan emblemático para los oaxaqueños, en manos de gente de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), fueron atacadas con disparos de alto poder y destruidas, en un ambiente de alarmantes repiques de campanas.
En respuesta, la APPO organizó la toma de una docena de radioemisoras privadas y obstruyó la circulación de vehículos en la capital del Estado, e hizo un llamado al presidente Fox; al secretario de Gobernación, Carlos Abascal; al Senado y a la Cámara de Diputados para que intervengan en el conflicto. La Asociación de Comunicadores de Oaxaca también pidió al Presidente su intervención.
El vocero presidencial, Rubén Aguilar Valenzuela, dijo que el asalto se hizo sin consultar con el Ejecutivo federal y responsabilizó del mismo al gobierno de Ulises Ruiz.
El gobierno de la República debe tomar una posición más definida en un problema que empeora cada día y que si bien corresponde al gobierno local solucionar, también está claro que constitucionalmente el gobierno federal tiene responsabilidades que atender ahí.
No es posible tomar distancia indefinidamente desde Los Pinos, de un conflicto que comenzó como una demanda magisterial de mejores salarios y se ha desbordado inconteniblemente con la suma de otros agraviados por el régimen local, pero también de grupos, algunos de ellos muy violentos, que participan impulsados por intereses políticos muy fácilmente engarzables con los que son alimentados por inconformidades electorales.
No hay todavía una comisión del Congreso de la Unión que se aboque al examen del problema, ni están a la vista gestiones eficaces de los operadores de la Secretaría de Gobernación para entablar un diálogo y una negociación que las autoridades locales ya perdieron.
El panorama de anarquía y de inestabilidad se extiende amenazante sin que se adviertan signos de preocupación en los centros de mando de la República.
Cuando el agotamiento del poder local es evidente, la autoridad federal debe estar alerta para intervenir, en el marco preciso de sus atribuciones y responsabilidades, con respeto a la soberanía estatal, con oportunidad y tino para contener las pasiones, reencauzar y atender las demandas, y restablecer un orden que por el momento parece perdido, y que es indispensable para la sana marcha de una entidad grande, pero rezagada; rica, pero empobrecida,
El gobernador Ulises Ruiz Ortiz se ha convertido en el gran escollo para la solución de un conflicto acrecentado por su insuficiente pericia para manejarlo. Por ahora, su posición se mira insostenible. Una separación del cargo podría ser bienvenida en estos momentos.
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