Los muertos de Calderón

Proceso

2006-2010: estadísticas del horror
La guerra calderonista contra el narcotráfico ha causado decenas de miles de muertes (el gobierno federal reconoce más de 28 mil y algunos conteos independientes sitúan la cifra en poco más de 25 mil), más que las habidas durante la Independencia o la invasión de Estados Unidos a México, afirman a Proceso especialistas en estadística criminal; aseguran que no hay números
absolutamente confiables al respecto y señalan además que lo que no se puede medir no se puede conocer ni combatir efectivamente...
Las decenas de miles de muertos que ha dejado la guerra emprendida por Felipe Calderón contra el narcotráfico superan el número de bajas de algunos conflictos bélicos de la historia mexicana: la Independencia, con 23 mil fallecidos; la guerra contra Estados Unidos, con la misma cantidad; la de Reforma, cuyo saldo fue de 8 mil, o la guerra sucia de los setenta que dejó 436 muertos, de acuerdo con cifras generalmente aceptadas.
Lo grave, afirman los analistas, es que cada año duplica al anterior en número de muertos de la guerra contra el narcotráfico: en 2006 había dos bajas por cada 100 mil habitantes y ahora son 8.4. Agregan que de continuar la estrategia de Calderón, al término de su sexenio serán asesinadas 14 personas por cada 100 mil habitantes. Una cifra muy alta para los estándares internacionales.
El especialista en estadística criminal Arturo Arango Durán comenta a este semanario: “La actual guerra contra el narcotráfico ha resultado sumamente letal. Su costo en víctimas ya es altísimo. Pero lo peor de todo es que es una guerra perdida de antemano, pues fortalece a la delincuencia organizada mientras más la ataca. Al reducir la oferta de droga hace que los precios suban y los cárteles obtengan mayores ganancias.
“Así, queriéndolo o no, el Estado fortalece a la delincuencia organizada y se convierte en el gran regulador del mercado de la droga. Se metió en un círculo vicioso, sin salida. Además la guerra está atizando las disputas entre un cártel y otro por el control de las plazas.
“Todo esto tiene un efecto multiplicador de la violencia y, por consiguiente, de muertes. Esto es justamente lo que hace que el número de fallecidos se duplique de un año a otro. En términos absolutos, hablando estrictamente de pérdida de vidas humanas ya estamos por encima de las provocadas por casi todas las otras guerras civiles que ha padecido México desde su Independencia.”
Analista en la misma materia, Juan Pablo Arango aclara: “Debemos tomar en cuenta que nuestras guerras civiles por lo general fueron ocasionadas por disputas ideológicas entre amplios sectores de la población; en cambio la actual es, sobre todo, el resultado de una acción emprendida por el gobierno federal para combatir a los cárteles de la droga”.
A petición de Proceso ambos peritos hacen un minucioso análisis estadístico sobre el incremento de muertes que ha provocado el actual conflicto armado, así como su comparación con las guerras del pasado en México.
Conteos diferentes
Señalan que a falta de una estadística confiable del gobierno federal (que ha dado cuenta oficialmente de más de 28 mil bajas en esta guerra), varias organizaciones ciudadanas y medios hacen sus propios conteos; para elaborar el análisis los especialistas partieron de los datos del diario Reforma: 25 mil 549 muertos de 2006 a este mes, aunque advierten que la cifra podría estar por debajo de la real.
En 2006 –cuando Calderón asumió la Presidencia–, las muertes por narcotráfico fueron 2 mil 119, cantidad que representa dos muertos por cada 100 mil habitantes. En 2007, el número subió poco: pasó a 2 mil 275, y la proporción fue de 2.1 muertos por cada 100 mil habitantes.
Pero en 2008 fueron 5 mil 207. El número aumentó más del doble respecto del año anterior. Con esto ya eran 4.8 muertos por cada 100 mil habitantes. Un año después hubo otro incremento significativo: 6 mil 587 muertos y la tasa se elevó a 6 por cada 100 mil habitantes.
Este año, a mediados de octubre ya se habían contado 9 mil 361 muertos: 8.4 por cada 100 mil habitantes.
Además, el pasado martes 26, la Secretaría de la Defensa informó que de diciembre de 2006 a agosto de 2010 la guerra contra los cárteles ha dejado 191 militares muertos.
Arturo Arango resume: “El incremento fuerte empezó a darse a partir de 2007, por lo que realmente es el año base. De entonces a la fecha el número se cuadruplicó. Por cada 100 muertos que teníamos en 2007 ahora tenemos 400. ¡Es una matazón espantosa!”.
–¿Cuáles son sus proyecciones para el último año del sexenio?
–Si las cosas siguen igual, las tendencias estadísticas nos dicen que el próximo año la cifra será de 11 muertos por cada 100 mil habitantes y para 2012 pasará a 14. El sexenio concluirá con 14 muertos por cada 100 mil habitantes. Un incremento grandísimo.
Juan Pablo Arango recalca: “Esto sólo ocurrirá si el gobierno sigue con su misma estrategia de combate, si el Ejército y las corporaciones policiacas continúan bajo la misma tónica. La tasa de muertes bajaría si se aplica, por ejemplo, una estrategia de contención o una negociación con la delincuencia organizada”.
Arturo Arango y su hijo Juan Pablo son especialistas en políticas de seguridad pública. Desde hace una década han trabajado en equipo y son coautores de varios libros sobre la materia, como Estadística policial, Cartografía delictiva e Inteligencia policial.
Ahora colaboran con un grupo de trabajo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que recopila información y realiza evaluaciones estadísticas. Han trabajado también con el Gobierno del Distrito Federal en el mismo rubro y a últimas fechas se han especializado en evaluar estadísticas sobre homicidios.
Arturo Arango fue investigador del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, que dirige el exómbudsman capitalino Luis de la Barreda. Señala: “Para tener la justa dimensión del costo humano que implica una guerra no basta contabilizar sólo a sus muertos, sino también a las llamadas víctimas secundarias, como los huérfanos, las viudas, los lesionados…”.
–¿Se puede tener una cifra aproximada del número de víctimas secundarias de esta guerra contra el narcotráfico?
–¡Claro que sí! El cálculo estadístico es de 1.4 huérfanos por cada muerto. De manera que actualmente tendremos unos 32 mil huérfanos en el país. Y en el mejor de los escenarios habrá unos tres lesionados por muerto, aquí ya estamos hablando de unos 75 mil lesionados que requieren atención médica.
–¿Y viudas?
–Pueden ser 18 mil o 20 mil… muchas de ellas son mujeres que ya no tienen ingresos y se integran al mercado laboral.
“La guerra está generando muchas presiones en el sistema de salud, de educación, laboral… su efecto multiplicador es impresionante porque provoca un conflicto adicional que el Estado es incapaz de atender.”
–¿Una guerra igual de cruenta y mortal que nuestras anteriores guerras?
–Sí, pero sólo hablando en términos absolutos en cuanto a número de muertes, a pérdida de vidas.
En ese sentido, los peritos en estadística señalan que las muertes de la lucha contra el narcotráfico son más que las 23 mil que dejó la guerra de Independencia, que duró 11 años.
También están por encima de las 2 mil 200 de la guerra de Texas, de 1835 a 1836; de las 23 mil de la invasión de Estados Unidos, que duró dos años; de las 8 mil en cuatro años de la guerra de Reforma y de las 436 de la “guerra sucia”. Ni se diga del conflicto armado en Chiapas, de 1994, que arrojó poco más de 100 muertos.
Pero están por debajo de las 63 mil que hubo en la intervención francesa en seis años o de las 90 mil de la guerra Cristera, de 1926 a 1929.
En números relativos
Sin embargo, los analistas advierten que al hacer una comparación estadística en términos relativos, la de Calderón es menos letal que la mayoría de las anteriores guerras.
“Para no ser tendenciosos debemos ajustar el número de muertes a dos variables importantes: a la población que tenía México en cada una de esas guerras civiles y al periodo de tiempo en que ocurrió cada una”, explican.
Con base en esto señalan que la guerra de Independencia tuvo 370 muertos por cada 100 mil habitantes, ya que en aquella época la población nacional apenas rebasaba los 6 millones.
La guerra de Texas provocó 28 muertes por cada 100 mil habitantes. El conflicto contra Estados Unidos arrojó 328, la guerra de Reforma 97, la intervención francesa 768, la guerra Cristera 543, mientras que la guerra sucia y el conflicto chiapaneco no alcanzan un fallecimiento por cada 100 mil habitantes.
Aclaran que actualmente hay zonas y entidades federativas –como Chihuahua– cuyo número de muertes en términos relativos es muy similar al de algunos de estos conflictos armados.
Indican que las matanzas más conocidas del pasado, como la del 2 de octubre de 1968 –cuyo cálculo de decesos oscila entre 150 y 350– o la del Jueves de Corpus, en 1971 –se calculan 60– son “eventos aislados”, por lo que fueron desechadas de sus cálculos comparativos.
–Pero la guerra contra el narco también está dejando matanzas, como la de los 72 migrantes en Tamaulipas.
–Sí. Pero a estas alturas esas 72 muertes ya no marcan ninguna diferencia en términos estadísticos. Es un porcentaje mínimo. Y no es por menospreciar ese acontecimiento– dice Arturo Arango.
Asegura que las matanzas del narcotráfico no pueden calificarse de genocidio, pues esta figura implica el exterminio del enemigo ideológico o étnico. Sin embargo, algunas organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, aseguran que ya se da un genocidio contra los jóvenes y niños de Ciudad Juárez, por lo que piden la intervención de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Agrega que el gobierno no ha podido contabilizar el saldo de muertos que va dejando la guerra contra el narco: “Hasta el momento el gobierno no tiene un mecanismo que le permita contar bien. Por ejemplo, el SNSP informa que de 2006 a la fecha se han cometido 63 mil homicidios dolosos. Pero no dice cuántos corresponden a la lucha contra el crimen organizado. Sus cifras y las del Inegi tienen diferencias hasta de 30%. Es un desbarajuste total.
“El registro de muertes tiene que empezar a levantarse desde que se llega a la escena del crimen. Inmediatamente debe resguardarse el área y levantar lo que nosotros llamamos el IPH (Informe Policial Homologable). Las cosas deben hacerse con método. Pero estos protocolos internacionales no se cumplen en México.
“Se ha llegado a casos extremos, como sucedió en Tabasco durante el gobierno de Roberto Madrazo. En ese tiempo el gobierno estatal registraba cero secuestros, pero en sus cárceles tenían el número más alto de secuestradores del país. ¿De dónde sacaban secuestradores si no tenían secuestros? Este tipo de situaciones siguen dándose.
“Por eso ante la falta de datos confiables, organizaciones de la sociedad civil y algunos medios, como los diarios Milenio y Reforma, llevan sus propios conteos. Hay programas radiales que tienen ‘ejecutómetros’ mediante los que registran diariamente el número de ejecutados.”
–¿Para qué sirve llevar un registro de muertos?
–Un problema que no se puede medir no se puede interpretar, mucho menos combatir. Es como si un médico supone que tienes fiebre sólo con verte la cara. No. Necesita un termómetro para determinar la temperatura corporal y después del diagnóstico te da la medicina. La contabilidad de las víctimas sirve para hacer un diagnóstico y tomar las medidas correctas. Los datos falsos hacen tomar medidas inadecuadas –responde Arturo Arango.
–¿Eso le está ocurriendo al gobierno en su lucha contra el narcotráfico?
–Sí. Es como si estuviera piloteando un aeroplano que vuela entre una tempestad sin instrumentos para controlarlo y sin saber hacia dónde se dirige. Completamente perdido.

Narcotráfico: Violencia aumenta al sur de México

Un sacerdote ofrece refugio a indocumentados de paso que necesitan protección policial. Aparece un cadáver con un mensaje amenazador. Aumentan las decapitaciones. La prensa local no se anima a informar sobre eso.
Este no es el norte de México, donde las bandas de narcotraficantes se pelean por controlar la zona fronteriza con Estados Unidos y resisten una ofensiva del gobierno. Es el sur, donde el cartel de los Zetas disemina calladamente el terror casi sin oposición y extiende su influencia hasta la frontera con Guatemala, e incluso del otro lado.
Igual que lo han hecho en el norte, organizaciones que dicen ser parte de los Zetas armaron redes que controlan las rutas de tránsito de drogas, indocumentados y otros artículos de contrabando, como DVDs, intimidando a la población y cometiendo macabros asesinatos como advertencia para quienes no colaboren.
Los Zetas comenzaron hace cuatro años a incursionar en el sur, la región más pobre de México. Aparecieron en Oaxaca, Chiapas y otros estados sureños, y luego en el norte de Guatemala, donde sus ataques a gente del lugar son tan comunes que el mes pasado el gobierno despachó 300 soldados para que recuperasen el control de la provincia fronteriza de Alta Verapaz.
En los pueblos del istmo de Oaxaca y en el centro de la ciudad de Oaxaca, la capital, ha habido secuestros extorsivos de personas ricas y también de vendedores callejeros o indocumentados de paso.
Se sospecha que la misma banda a la que se responsabiliza de la matanza de 72 extranjeros de paso el año pasado en Tamaulipas es la responsable de la reciente desaparición de más de 40 centroamericanos en Oaxaca. Los secuestros generaron gran interés noticioso cuando el gobierno salvadoreño los denunció. El gobierno mexicano inicialmente negó que hubiese habido secuestros.
Los centroamericanos fueron vistos por última vez el 16 de diciembre en Ixtepec, escala en el viaje que hacen miles de indocumentados que intentan llegar a Estados Unidos usando trenes de carga que van hacia el norte. Una veintena de centroamericanos, entre ellos varios hondureños, escaparon y fueron a un refugio dirigido por el reverendo Alejandro Solalinde, quien dice haber recibido información de que los secuestradores tienen vínculos con los Zetas.
La procuraduría general de México anunció este mes el arresto de tres nicaragüenses y un mexicano en relación con los secuestros, pero no dijo nada acerca de los Zetas o de los indocumentados desaparecidos.
Los mexicanos dicen que los Zetas contrataron ex soldados de las fuerzas antiinsurgentes para que entrenen reclutas. El año pasado se halló un campo de entrenamiento del lado guatemalteco de la frontera.
Alejandro Poire, vocero del gobierno mexicano en temas de seguridad, dijo que las supuestas actividades de los Zetas en el sur no son nada comparado con lo que sucede en el norte, donde abundan los tiroteos y ataques con granadas en pleno día desde que se separaron del Cartel del Golfo.
No obstante, Solalinde dice que los Zetas "son un poder de facto terrible".
"Lamentablemente, tenemos un país muy corrupto, en el que las agencias policiales son infiltradas" por elementos del bajo mundo, expresó el religioso.
Cuatro días después de denunciar el secuestro y mencionar que podría ser obra de los Zetas, el sacerdote fue visitado por un individuo que según la policía es un conocido pistolero a sueldo.
La policía vigila ahora el refugio, que cuenta con cuartos de bloques de hormigón sin terminar, en los que los indocumentados duermen sobre cartones o mantas, en medio de perros y gatos vagabundos.
"Es peligroso", dijo Solalinde. "Pero imagínese si todos callamos, si todos miramos para otro lado, si nadie hace nada. Sería terrible para México".
Los Zetas imponen un reino de terror, amenazando a la policía, a funcionarios oficiales, a periodistas y a todo aquél que se les cruce en su camino.
En noviembre, en un pintoresco acantilado desde el que hay hermosas vistas de Oaxaca, la policía encontró la cabeza decapitada de un individuo envuelta en papel de regalo. Incluía un mensaje amenazador firmado por "Z”, que aludía aparentemente a los Zetas.
En la ciudad de Juchitan desconocidos arrojaron un hombre decapitado en una carretera en noviembre y otro fue hallado descuartizado en mayo, con una nota que decía que fue asesinado por hacerse pasar por un Zeta.
"Hay lugares, cantinas, en los que venden drogas, donde se juntan los Zetas. Todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada", declaró un periodista de la zona que pidió no ser identificado por temor a represalias.
Las autoridades niegan que no estén haciendo nada. En Chiapas, estado fronterizo con Guatemala, fueron despedidos o detenidos más de 240 agentes desde el 2008, acusados de trabajar para los Zetas, según el Departamento de Seguridad Pública.
Los Zetas no tienen rivales en el sur, de acuerdo con Grupo Savant, una organización de Washington especializada en el estudio de temas de seguridad.
Mientras las otras organizaciones se pelean por mantener el control de los puertos del Pacífico y las rutas usadas por los contrabandistas en el norte, los Zetas generan cientos de millones de dólares a partir de la extorsión y el contrabando de bienes que vienen de Guatemala.
El gobierno nacional admite que los Zetas no están concentrados en una región específica, como el resto de los carteles, y aparecen en cualquier sector del país. Operan como una empresa, enviando un delegado a un sector que quieren controlar, el cual recluta gente de la zona.
Los centroamericanos que quieren llegar al norte no tienen más remedio que arriesgar sus vidas cruzando por territorios controlados por los Zetas.
En el centro de refugiados de Ixtepec, Denis Torres, un albañil hondureño de 24 años, dice que inició el recorrido a pesar de que su familia le imploró que se quedase en Tegucigalpa. Dijo que quería ir con un tío que vive en Miami, donde le prometieron un trabajo en la construcción.
"Viajas con miedo, pensando que te pueden secuestrar y torturar por el simple hecho de que buscas el sueño americano", expresó.

Detienen a grupo de delincuentes tras operativo en Tuxtepec

por Lorenzo Rafael
El secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, dio a conocer que tras un operativo que se llevó a cabo ayer en Tuxtepec, se logró detener a un grupo de delincuentes que habían levantado a Pánfilo García Bautista y Hugo García Bautista, padre e hijo que habían sido atacados en donde se encontraba la gasolinera Costa Verde en ese municipio.
Tras una hora de persecución, se logró la detención de Gonzalo García González de 18 años, Francisco Germán Vidal Avendaño de 27 años, Francisco Alpuchi Valencia de 23 años, y Sergio Dionisio Osorio de 31 años, todos originarios de Tuxtepec, así como Margarito Ruiz Carrión de 29 años, originario de Texas, Veracruz.
Este activo también logró el aseguramiento de seis vehículos, un Chevi color rojo, un Tsuru del mismo color, una camioneta tipo pick-up Dakota roja, un Cougar Mercury rojo, un pointer Sumpire plata y un Stratus color azul.
Marco Tulio, aseguró que se inició la investigación correspondiente, se presume que estas personas forman parte de un grupo de delincuencia organizada, ya que últimamente se han registrado una serie de hechos en ésta región.
Además, aseguró que por la noche, a las 20:40 horas, se recibió una llamada telefónica al servicio de emergencias, en donde se indicaba que había dos personas muertas en una camioneta negra tipo Lobo de doble cabina sobre la carretera que conduce de la Mina, hacia Tuxtepec.
Al llegar a indagar, los elementos policíacos confirmaron que se trataba de dos personas ejecutadas, las cuales presentaban características propias con el llamado tiro de gracia, lo que generó una investigación al respecto.
Se determinó que uno de los cadáveres correspondía a Renato Cruz Morales, líder en la Cuenca de la Central Campesina Cardenista, mientras que su acompañante aún se encuentra en calidad de desconocido.
Aseguró que las indagatorias se llevarán hasta las últimas consecuencias para tratar de dar con el paradero de los responsables y determinar las causas de este asesinato.
Por otra parte, Marco Tulio López Escamilla, informó que en breve dará inicio un operativo para detener vehículos que no cuenten con placas de circulación, como medida para garantizar la seguridad de los pobladores.
Explicó que en varia detenciones por diversos delitos, las unidades de motor no contaban con placas, por eso se busca tener un mecanismo de identificación para lograr mejores resultados en investigación de ilícitos.
Manifestó que las acciones se llevarán a cabo en apego a las leyes, y en caso de que los elementos de Tránsito del Estado cometan algún tipo de abuso, se podrán denunciar al servicio de denuncia anónima 089.
Se buscarán los mecanismos para que la Secretaría de Finanzas de facilidades para pagar adeudos, los cuales orillan a automovilistas a no cumplir con el emplacamiento, por eso se buscará que primero se lleven a cabo exhortos y posteriormente, se apliquen las sanciones.

Asesinan a otro dirigente más

Octavio Velez Ascencio 
El líder de la Central Campesina Cardenista (CCC), Renato Cruz Morales fue asesinado anoche con armas de fuego en la ciudad de Tuxtepec, región de la Cuenca del Papaloapan.
Cruz Morales, había participado en el 2006 en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
El secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla informó que el líder fue encontrado muerto alrededor de las 20:40 horas, al lado de una persona aún no identificada, en el interior de una camioneta Ford Lobo, color negra, en el camino local a la comunidad de La Mina.
Las dos víctimas, presentaban el tiro de gracia, señaló.
Por su participación en la APPO, Cruz Morales, fue detenido el 16 de agosto del 2006 por agentes de la entonces Policía Ministerial del Estado, en cumplimiento a la orden de aprehensión 140/2006 del juez segundo de lo penal como probable responsable de secuestro, robo calificado con violencia física y moral a las personas, daños y asociación delictuosa cometidos en agravio de Alfredo Elías Yanjo Enríquez y la sociedad.
El dirigente encabezó a un grupo de aproximadamente 80 personas que sacaron de su domicilio al ofendido para después llevarlo al parque central de la ciudad de Tuxtepec, donde lo mantuvieron atado, en represalia porque intentó con un grupo de priístas recuperar el Palacio Municipal, ocupado por la APPO en julio de ese año.
La camioneta Ford Lobo que conducía Cruz Morales, presenta varios impactos en el parabrisas así como en la portezuela del lado del conductor, pero será hasta el día de hoy cuando los agentes de la Policía traten de localizar casquillos en el lugar y ver que calibres son, por lo pronto anoche se esperaba la presencia de sus familiares para que realicen la identificación legal de los cuerpos.